Norte de Santander ha sido priorizado dentro de la lista de los departamentos que mayor atención requiere a la hora de pensar en el postconflicto. Las razones para ello son obvias. 

El Catatumbo es una zona –como pocas en el país– que tiene todos los males: la presencia de las tres guerrillas (Farc, Eln y Epl), bandas criminales, mafias de narcotráfico, contrabando de gasolina, alimentos y otros insumos. 

Aunque podría pensarse que tantos grupos ilegales en una misma zona competirían por el control de territorio, la droga y otros negocios, en esta zona curiosamente todos trabajan de manera mancomunada, organizada, repartiendo el territorio y la frontera para que cada uno pueda sacar provecho. 

Esta misma división invisible de la zona, ha llevado a que algunos grupos, especialmente las guerrillas, blinden sus fronteras sembrando minas antipersonales, convirtiendo los campos de Norte de Santander en trampas mortales para sus habitantes. 

La víctima más reciente de esta triste realidad es Engiver Peñaranda Pacheco, un menor de 14 años que salió de su casa a revisar la conexión de la bocatoma que surte de agua su vivienda en Hacarí y murió al activar a su paso una de estas minas. 

Él se suma a las más de 770 víctimas que han dejado estos artefactos en el departamento desde 1990. Esta cifra convierte a Norte de Santander en el quinto departamento del país en aportar la mayor cantidad de muertos por esta causa. 

Estos datos ameritarían, al menos, que Norte de Santander esté como una de las prioridades en los acuerdos a los que han llegado el Gobierno y las Farc en el proceso de diálogo que se adelanta en La Habana en materia de desminado. 

Pero no es así. Lo acordado por ahora solo contempla la intervención para desminar en zonas en las que no exista presencia de otros grupos armados distintos a las Farc. Así las cosas, a pesar de ser uno de los que más atención necesita en este frente, ningún municipio del Catatumbo está incluido en el proyecto piloto de desminado. 

Si bien es cierto que lo que se ha iniciado en Antioquia es apenas un plan piloto para evaluar la viabilidad de desminar el país, es necesario que se tenga en cuenta la realidad de zonas críticas como El Catatumbo y que se busque una alternativa que permita empezar a recuperar territorios, al menos los que han sido de dominio de las Farc.

Devolverles a sus habitantes el derecho a recorrer sus campos con seguridad y sin temor a caer en una de estas trampas mortales es una obligación del Estado y de los grupos armados que desde hace décadas se encargaron de minarlos.

Si en verdad el Gobierno y las Farc quieren que la transición hacia el postconflicto se haga realidad, es necesario garantizarle a la población que no habrá repetición ni revictimización. 

Y ¿cómo explicarle a la familia del pequeño Engiver que a pesar de que eventualmente se llegue a un acuerdo de paz, otros niños como el suyo seguirán cayendo en las minas que una vez alguien sembró y que nadie ha sido capaz de retirar?

El proceso de desminado deben liderarlo quienes lo iniciaron, pues son ellos quienes tienen la información más acertada sobre ubicación, zonas, cantidad de minas, etc. Y Norte de Santander, solo por el hecho de contar con todos los males, no puede quedar relegado a seguir teniendo campos de plomo.