Aunque ha pasado ya más de una década, el oscuro capítulo de los falsos positivos en el país aún no concluye y la verdad, completa, de lo que sucedió con las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 todavía no se conoce.

Un reciente informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) revela testimonios y detalles inéditos de lo sucedido en esos años y sostiene que altos mandos militares, entre ellos generales y coroneles aún activos, estarían implicados en muchos de estos casos.

El revelador informe de 105 páginas, además de tener en cuenta información suministrada por la Fiscalía, contiene entrevistas a fiscales, a testigos, a familiares de víctimas y a sus abogados, lo que los llevó a concluir que los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de la época reciente en el hemisferio occidental.

Pero además el informe asegura que existen evidencias poderosas que indican que los altos mandos del ejército que estuvieron implicados en estas muertes de civiles que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, no solo han logrado evadir la acción de la justicia, sino que  han logrado ascender y hoy se encuentran en lo más alto de la cúpula militar.

El documento menciona por ejemplo al actual comandante de las Fuerzas Armadas, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, al general Óscar González Peña, exjefe del Ejército, al general en retiro Mario Montoya y al actual comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla Villamizar, a quien si bien no vinculan directamente con los falsos positivos, le endilgan responsabilidad por ser, en ese entonces, el comandante  de Brigada, encargado de firmar todas las órdenes de operación donde se reportaban las ejecuciones como muertes en combate.

Aunque las repercusiones que este documento pueda tener dentro de las investigaciones que en Colombia se siguen por estos casos aún se desconocen, su divulgación deja en entredicho la seriedad con que la justicia ha asumido un asunto tan delicado para el Estado y para cientos de familias humildes que resultaron afectadas por esta práctica perversa.

Que una organización internacional pida formalmente al gobierno colombiano ordenar a las autoridades militares cooperar con las investigaciones, asignar suficientes fiscales a los casos y proteger a los testigos y sus familias, es un indicador de que, como suele suceder en Colombia, debe existir presión internacional para generar los castigos que merecen los implicados en casos de falsos positivos, algunos de los cuales aún permanecen en la justicia penal militar, cuando deberían estar en manos de la justicia ordinaria.

La alerta que emitió públicamente HRW deja mal parados a los entes de investigación del Estado, evidencia la lentitud en estas investigaciones y la existencia de poderosos intereses que no han permitido que se conozca toda la verdad y mucho menos que exista reparación para las víctimas.

No permitir que la impunidad tenga cabida en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país parece ser uno de los objetivos de HRW, quien además, anticipándose a lo que podría suceder con los implicados en estos crímenes, ha pedido a Colombia que las medidas de justicia transicional que se incluyan en un futuro acuerdo de paz no impidan que se haga justicia. Esa justicia que cientos de familias en distintos lugares del país llevan ya muchos años esperando y que todavía no llega.