A entre 40 y 50 años de cárcel fueron elevadas las condenas contra el reclutamiento forzado de menores en Colombia, de acuerdo con el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República.
¿Ese endurecimiento de la pena servirá más allá del impacto mediático? ¿Le tendrán algún respeto o cierto temor a pasar por lo menos medio siglo entre rejas?
Son tantas las familias golpeadas por este delito y muchísimos los niños y adolescentes a quienes les coartaron las posibilidades de estudiar, jugar y desarrollar sus proyectos de vida, al ser obligados a pelear una guerra que no les pertenece.
¿Qué podrán esperar de esta ley, en la práctica, las poblaciones del Catatumbo que son quienes han padecido los rigores de esta práctica ilegal?
La respuesta es que ojalá se aplique con toda la rigurosidad a los directos responsables de esta práctica que viola los derechos de la infancia y la adolescencia, y que en la actualidad, si recibían una condena, la cual es de trece años.
Lo más obvio sería que al elevarse el número de años en prisión esto signifique en la realidad que los señalados no sean cobijados por los acuerdos de paz, es decir, que este punto no sea negociable por los daños que se le están produciendo a la sociedad colombiana.
Cómo será de delicado este impacto generado por el conflicto armado, que Ana Paola García, coordinadora ponente del proyecto, afirmó: “hoy esta plenaria dio muestra de que la infancia es una prioridad para nosotros”.
En contraste con lo expuesto por la congresista, debe recordarse que según las cifras de la Defensoría del Pueblo, el año pasado se registraron 57 casos de reclutamiento forzado, mientras Naciones Unidas tiene a Colombia en el listado de 18 países en el mundo en que se incurre en la práctica de forzar a los niños a involucrarse como combatientes, siendo, además, el único de América.
También hay otro dato que muestra la magnitud de este drama humano, al contabilizarse 20.000 casos entre 2010 y 2025, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Como el Eln, la disidencia de las Farc y el Clan del Golfo acuden a las redes sociales para reclutar desde el ciberespacio a los menores de edad, la norma que pasará a sanción presidencial tiene acciones contra esa práctica en especial.
“Vamos a hacer toda una política pública liderada por RTVC, por la Defensoría del Pueblo, para proteger a nuestros menores y también le vamos a poner en cintura a las plataformas, porque por allí estaban estos bandidos llegando a nuestros menores. Tiene un año el Gobierno nacional para trabajar en esta política pública”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.
Es urgente avanzar en todas las acciones que protejan a los niños de esta acción criminal para instrumentalizarlos, quitándoles la opción de seguir en el aula y obligándolos a cambiar los libros y el tablero por un fusil. Es que hasta el futuro mismo del país puede llegar a estar en riesgo.
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