En 25.278 se calcula el número de personas que forman parte de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, Eln, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, Calarcá y Segunda Marquetalia, al igual que la organización Comuneros del Sur, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz.

Dentro del análisis de la FIP, hay aspectos sobre los cuales tiene que trabajar con urgencia el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Uno de ellos es la extendida utilización  del ciberespacio con propósitos de reclutamiento. La organización observó que una de las más comunes ha sido la propaganda difundida a través de redes sociales, donde se promueven campañas explícitas de reclutamiento que pueden resultar atractivas tanto para menores como para adultos.

El Área de Conflicto y Seguridad de la FIP expone los siguientes hechos preocupantes: 
-Las condiciones socioeconómicas de las zonas donde hacen presencia los grupos también han llevado a que sus habitantes, sin importar la edad, ingresen a estas estructuras, que hoy en día ofrecen salarios y otros beneficios como bonos y vacaciones.

 -Un ejemplo es el de los “puntos militares” y “puntos campesinos”, como los denomina el Clan del Golfo o EGC, quienes reciben entre 1.2 o 1.5 millones de pesos mensuales. Otras modalidades de reclutamiento, como la coerción a las familias y comunidades, el ingreso voluntario como medida de protección o por redes familiares, siguen estando vigentes.  

Esa situación que no es nueva ni mucho menos, sí merece de acciones especiales desde las áreas de ciberseguridad del Ejército y la Policía con el propósito de detectar esas páginas desde las que se hacen dichas operaciones para reclutar a  niños y adolescentes.

Pero igualmente sería factible analizar por parte del Ministerio de las TIC y la Cancillería la posibilidad de enviar solicitudes en nombre del Estado colombiano a las plataformas para que ayuden a proteger a los usuarios y ayuden a desmontar o bloquear las páginas o sitios que se usan para ello.

Pero hay otros hechos que generan preocupación y sobre los cuales la FIP advierte: “ El aumento sostenido de integrantes en el tiempo también muestra que la política de seguridad no se corresponde con las actuales estrategias de los grupos ilegales. El gran rezago en materia de inteligencia para combatirlos está siendo aprovechado por estas estructuras que, a diferencia del Estado, son ágiles en adaptarse a la ofensiva contra ellas”.

Por lo tanto, la contención y disminución de ese proceso de crecimiento del número de integrantes y de presencia en más regiones del país de aquellas organizaciones violentas, requieren de modificaciones profundas dentro de los planes que se pongan en marcha desde el campo militar y de presencia y acción institucional en los territorios.

Aunque el hoy expresidenteGustavo Petro criticó los resultados del conteo, la FIP consideró  que estos ejercicios son útiles para monitorear las tendencias en la evolución de los grupos, sin desconocer que pueden tener subregistros y limitaciones. Y la realidad es que esta clase de cifras y evaluaciones son necesarias tanto para el país como para el mismo gobierno para tener puntos de referencia y la adopción de planes gubernamentales para  conjurar los problemas allí expuestos. 

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