El Censo Nacional Agropecuario, cuyo principal resultado es que confirma que está muy atrasado, deja ciertas dudas en torno de la manera como se desarrollan los diálogos de La Habana con las Farc.

Hace más de dos años, en mayo de 2013, gobierno y Farc anunciaron que ya se habían puesto de acuerdo en el primer gran punto de las negociaciones, el relacionado con el agro, que llevó al Estado a prometer “un vigoroso programa de formalización de tierras”, algo considerado como el punto más revolucionario del pacto.

Sin embargo, la enorme sorpresa del presidente Juan Manuel Santos al conocer los primeros resultados del censo, solo deja espacio a pensar que el Gobierno no tenía la menor idea de la realidad del campo. Al fin y al cabo, el último censo rural fue hace 45 años.

“En el campo colombiano, falta todo por hacer”, exclamó un Santos sorprendido y preocupado. “Sigue en un atraso enorme en comparación con el resto del país…; me preocupa la alta concentración de la tierra, lo que nos conduce a acelerar, para hacer una reforma rural integral”.

Y, si el gobierno no tenía idea exacta de la situación rural, entonces ¿con base en qué, llegó a pleno acuerdo en el primer punto de la agenda con la guerrilla, y a cuáles compromisos se refirió entonces, si solo dos años después se viene a conocer la real situación del campo, punto que las Farc consideran es el punto más importante de su revolución y de los acuerdos?

El comentario presidencial sugiere que los negociadores del gobierno en Cuba al parecer tenían otra realidad agraria en mente, una más positiva, más optimista, una que les permitiera comprometerse con el sí, bien convencidos de que la solución a los problemas sería una más fácil de lo que realmente es.

Algunos analistas consideran que aunque se esperaba que el censo revelara una realidad cruda, “los datos van más allá y ponen sobre el tapete riesgos que, inclusive, se relacionan con la disponibilidad de alimentos, toda vez que la población rural es cada vez más vieja, lo que reduce la posibilidad de mano de obra para desarrollar cultivos”.

Algunas verdades del campo colombiano son: hay 113 millones de hectáreas, de las cuales solo 19,1 por ciento son para uso agrícola, y de ese, solo 6,3 por ciento, o sea 7,1 millones de hectáreas están cultivadas. Lo demás se dedica a pastoreo y otros usos.

Solo 52,3 por ciento de las mujeres jefes de hogar y 59,7 por ciento de hombres en similares condiciones tienen educación primaria, mientras 72,6 por ciento de toda la población rural entre 17 y 24 años carece de acceso a la educación. Únicamente 80 de cada 100 niños entre 5 y 16 años se escolarizó en 2013.

Mientras la llamada pobreza multidimensional es de 21,9 a nivel nacional, en el campo es de 44,7 por ciento, y en tanto allí se quedan solo los mayores de 39 años, el índice de mujeres cabeza de hogar pasó, en solo 10 años, de 18 a 27,8 por ciento, con seguridad la razón es la guerra y la violencia.

Lo que inquieta en este caso no es tanto que el Estado desconociera la real magnitud del problema rural, sino que el actual proceso de diálogo depende del campo: la paz comienza allí, pues fue allí donde nació la guerra.

Ojalá los acuerdos con las Farc para el campo puedan ser ajustados, a fin de que la frustración no germine en más violencia. Por ello, en este caso sí que es verdad que se debe ir hasta el fondo, en busca de soluciones duraderas.

La clave de la paz está en el campo, y, la verdad, no lo conocíamos.