El desarrollo de la humanidad ha generado derechos cuyo reconocimiento está consagrado en las legislaciones de los Estados. Derechos de obligado cumplimiento, de cobertura internacional, los cuales representan principios y normas de protección de la integridad de todas las personas. Progresivamente se han superado el maltrato y muchas de las formas de opresión predominantes en diferentes épocas. La esclavitud, que fue una agresión a la dignidad de la persona humana quedó abolida universalmente, aunque  algunas sociedades mantienen todavía remanentes de ultraje a sectores de población para los cuales prevalece una ofensiva subestimación.

En códigos, constituciones, declaraciones aprobadas en distintos foros, acuerdos entre naciones y otros documentos de plural procedencia, se consagran normas con mucha precisión respecto a las garantías que deben prevalecer para la protección de la vida de las personas. La libertad y los derechos no son expresiones vacías y  se impone su aplicación puntual, así como su reconocimiento general.

Los regímenes arbitrarios, las dictaduras que se complacían en el atropello, los gobiernos sin control político, han perdido espacio. Y si todavía quedan restos de esos sistemas de fuerza, es  cada vez mayor la opinión que los denuncia y los rechaza.

No debe haber lugar para el totalitarismo de Estado. No cabe tolerancia frente a quienes desconocen los principios de respeto al ciudadano y a sus fueros esenciales.

Los procedimientos aplicados por el Gobierno de Venezuela contra colombianos residentes en ese país configuran abusos que no se pueden pasar por alto. Si bien es cierto que ese país puede hacer uso de su soberanía para no admitir personas procedentes de otras naciones, también está obligado a obrar conforme a derecho. Lo cual guarda relación con la coexistencia entre los pueblos y la buena vecindad.

La cooperación entre las naciones implica obrar en armonía. Y ésta se nutre del acatamiento recíproco a las normas de justicia y de derecho. Incurrir en violaciones ofensivas, como se ha visto en los vejámenes a que son sometidos los colombianos deportados de Venezuela, es romper el respeto que imponen los protocolos que se han aceptado.

Todas estas consideraciones son conocidas por los Gobiernos y organismos multilaterales. Por es por lo que países como Paraguay, Chile, Estados Unidos, Panamá y entidades como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea han pedido a las autoridades venezolanas el cese inmediato de las deportaciones y expresado su preocupación por la crisis humanitaria que afecta nuestra zona de frontera. A partir de esta semana, la OEA y Unasur abordarán la situación. 

Lo deseable es que esta mala hora que enturbia las relaciones entre Colombia y Venezuela termine cuanto antes con el reconocimiento del error cometido y la evaluación correcta de situaciones que se estiman perturbadoras, para no repetirlas.

Hay que poner las relaciones de Colombia y Venezuela sobre el soporte del mutuo respeto. Y sobre todo, de respeto a los Derechos Humanos para que no haya ofendidos en ningún lado. Los hechos que involucren a personas que actúan al margen de ley tienen que tratarse con el rigor de la justicia y las garantías del debido proceso. Así no se pone en riesgo una hermandad que debe prevalecer en todo tiempo.