Dolorosamente, el Catatumbo vuelve a estremecer la historia del conflicto armado en Colombia al dejar otra huella indeleble en la ocurrencia de delitos de guerra y de hostigamiento a la población civil.

Son de tal magnitud los daños ocasionado por la guerra  que estalló hace más de ocho días entre la guerrilla del Eln y la disidencia de las Farc, que el desplazamiento forzado ocasionado supera todos los récord en el país.

Es decir, estamos ante una tragedia de proporciones gigantescas que demuestra la inexistencia de cualquier voluntad de paz por el Eln que por rutas del Arauca y probablemente de Venezuela reunió combatientes  para la sangrienta toma de esa zona nortesantandereana.
Hay que recordar que el desplazamiento forzado es una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario, que ojalá sea tenido en cuenta para  hacer valer los respectivos castigos.

Desarraigar a las personas de sus viviendas, colegios, parcelas y lugares de trabajo en los cascos urbanos y veredas como consecuencia de la entrada violenta  de ese grupo armado organizado con el que está  congelado el diálogo de paz merece la mayor condena por todo lo que implica.

No vayamos tan lejos. Por lo menos 40.000 niños y adolescentes no podrán retornar a las aulas de clases por la operación desatada por el Eln y comparada con la que en su momento hicieron los paramilitares del Bloque Catatumbo.  

Y entre quienes dejaron atrás todo para escapar de la violencia figuran personas que frente a este delito están siendo revictimizadas, porque es por lo menos la segunda vez que las expulsan con acciones amenazantes de su territorio.

Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) e instituciones como Amnistía Internacional y la Unicef tienen en este nuevo y dramático episodio del Catatumbo una razón para efectuar un fuerte pronunciamiento y reiterar que esa clase de afrentas contra la población civil riñen con el DIH.

Algo deben hacer frente a lo ocurrido en esta parte del país durante los últimos días en los que el desplazamiento masivo ocurrido en el Catatumbo superó las cifras de todo 2024, como lo confirmó la Defensoría del Pueblo.

Visto así se advierte que el conflicto ha escalado de una manera altamente peligrosa, porque si lo de un año sucedió en un solo evento, es demostrativo de que la dinámica de violencia, el control territorial y el dominio de las economías ilegales están desbordados y constituyen una amenaza real para el país.

La vulnerabilidad de la comunidad quedó otra vez de manifiesto por los atentados perpetrados en su contra por quienes están enlazados en una pelea muerte por manejar el jugoso negocio de la cocaína y de imponer su dominio en una zona estratégica como la catatumbera.

Se espera entonces que los planes que dieron a conocer el Gobierno nacional y las fuerzas de seguridad del Estado para asentar el control en el área, recuperarla y desarrollar programas de toda índole impulsadas con inversiones se ejecuten prontamente y con resultados tangibles.

Además, la institucionalidad junto con la fuerza pública deben garantizarles tanto a los catatumberos como a los nortesantadereanos y colombianos que una vez cumplidas ciertas metas no abandonarán la región sino que mantendrán la presencia permanente para garantizar la seguridad y el desarrollo económico y social en esa parte del territorio colombiano.

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