Como al presidente Gustavo Petro le disgustó que el Consejo de Estado dejara sin credencial al alcalde de Duitama (Boyacá) que hace parte del Pacto Histórico, de nuevo retomó la artillería verbal, que en esta ocasión tuvo una respuesta inesperada por todos, que demuestra el cansancio que su confrontación genera y los riesgos que la misma provoca.

Un adolorido jefe de Estado se despachó en su momento contra la determinación del máximo organismo de lo Contencioso Administrativo, con el argumento de va en contra de la voluntad popular y para frenar al gobierno del cambio que él lidera.

Lo que sucedió después de esta  nueva arremetida del jefe de Estado con los magistrados es algo pocas veces visto, para mostrar que esos ataques verbales deben cesar.

Al ver a todos los consejeros de Estado en la Sala Plena para acompañar la declaración en la que se decide  exigirle respeto al presidente Petro por haber definido como una perfidia sus determinaciones, esa corporación le dice al país que está monolíticamente unida y que resistirá y enfrentará esa diatriba.

Las tres ramas del poder público en Colombia saben muy bien que deben respetar la independencia de cada una de ellas y que su papel es no entorpecer ni descalificar sin argumentos jurídicos y sólidos las decisiones y determinaciones que se adopten.

Esos ataques lo único que hacen es exacerbar la tensión y generar mayores niveles de confrontación y revanchismo que pueden llegar a tener delicadas consecuencias a futuro por una profundización en la fractura institucional desatada desde el Ejecutivo contra el poder Judicial, en este caso específico.

Los revanchismos no conducen a nada bueno. La intolerancia no es el camino y menos para el jefe de Estado que como tal le corresponde acatar la Constitución de 1991 que él juró cumplir y acatar al momento de asumir el poder.

En esa declaración hay un punto sobre el Petro debe reflexionar y es el relacionado con “evitar declaraciones que puedan generar perfilamientos o poner en riesgo la seguridad de los miembros de la corporación”.

Ni más ni menos que le pidieron medir sus palabras, sopesar el discurso, actuar con cabeza fría y dejar de lado la reacción cargada de descalificaciones y de señalamientos de presuntas operaciones relativas a ‘golpes blandos’ o de estar actuando como agentes al servicio de grupos políticos.

En este momento surge la paradoja sobre el por qué si el gobierno de Petro busca dialogar con grupos armados organizados, a qué obedece que no haga un alto en el camino y extender una rama de olivo para sentarse a conversar con las altas cortes para ponerle término a esa conflictividad entre dos instancias tan importantes para Colombia, como es la del Ejecutivo y el  Judicial.

Cuando el Consejo de Estado le plantea al presidente que tenga coherencia en las intervenciones públicas, es precisamente eso, que un gobierno que dice ser del cambio, de buscar la paz y la concordia entre los colombianos, no resuelve nada con un discurso radicalmente opuesto, cargado de señalamientos y de mensajes irrespetuosos,  que puede terminar debilitando los principios democráticos y dándole más fuerza a  la confrontación.  

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