La acelerada incursión de los drones cargados con explosivos comenzó a causarle problemas a la vida diaria de los ciudadanos en los municipios donde ocurren esa clase de ataques aéreos dentro del conflicto armado.

Cuando se creía que esta clase de tecnología iba a contribuir al desarrollo de mejores condiciones para las personas, la misma terminó siendo todo lo contrario como consecuencia de su introducción como parte del arsenal de guerra.

La nueva modalidad provocó un hecho que puede también estar generando impacto sobre la salud mental y es el de que ahora escuchar cualquier zumbido de inmediato es comparado con una amenaza de muerte.

Esa percepción de alerta la sufren los habitantes de áreas del Catatumbo, donde la disidencia de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) disponen de escuadrones de drones explosivos.

Debe tenerse en cuenta que al ir los campesinos a sus parcelas, los niños y niñas a la escuela y demás miembros de las familias al trabajo, no solo caminan con el temor de caer en un campo minado, sino que tienen la necesidad de levantar la vista para no ser sorprendidos por los enemigos voladores.

Y los enjambres de equipos manejados a control remoto, que atacan a la Fuerza Pública ya empezaron a dejar una preocupante marca en los comportamientos ciudadanos para proteger su integridad.

Hemos visto que a las autoridades locales les ha correspondido tomar medidas como las del toque de queda luego de esa clase de incursiones como una acción preventiva y de seguridad.

Ante la vulnerabilidad causada por las indiscriminadas incursiones de drones que lanzan artefactos contra soldados y policías y que de la misma forma hostigan a los civiles, hoy obligan a que comportamientos que eran parte de la convivencia municipal, deban ser restringidos o descartados.

Esto es muy grave puesto que algo tan ligado a la idiosincrasia como son las fiestas, las comparsas y actividades de índole popular, tengan que suspenderse, como está sucediendo en El Carmen, precisamente para no exponer a los pobladores a esta clase de ataques.

Las organizaciones armadas ilegales que utilizan esa clase de elementos explosivos están incurriendo en una especie de confinamiento forzado, porque hasta han empezado a traumatizar las diligencias que la población hace en la Alcaldía, por ejemplo, que es el caso que sucede en El Carmen.

 Hay que persistir en el pedido al Gobierno nacional para que regiones como el Catatumbo sean reforzadas con sistemas de inhibición, ofensiva y defensa para contrarrestar los drones y que esta nueva forma de guerra no continúe escalando en el aspecto de impactar la cotidianidad de los ciudadanos.

En el país, los grupos armados cometieron 318 ataques con drones en Colombia entre enero y el 1 de octubre de 2026, uno cada 20 horas, según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con datos de la Fuerza Pública.

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