¡Qué paradoja! Teniendo la plata en el bolsillo, en la cuenta bancaria o en cualquier aplicación financiera, ni por esas se consigue el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Artículo de lujo es la categoría adquirida por esta póliza que garantiza el pago y la atención médica, puesto que ahora hay que hacer hasta fila, inscribirse en una lista de espera y rogar que un santo o el universo hagan el milagro.

El caos del SOAT, que estalló primero con las motocicletas, y que ahora alcanzó a los carros, trajo su efecto nocivo recargado para Norte de Santander y los departamentos fronterizos en los que circulan vehículos de placa extranjera.

Ese pandemonium en el mercado del SOAT extendió sus tentáculos hasta los concesionarios colombianos de vehículos en el departamento que en octubre sintieron un bajonazo en las ventas.

Estamos ante una crisis nacional de ese mecanismo que alcanza grandes proporciones al afectar a miles de componentes del parque automotor en la región, sin ninguna solución clara a la vista.

Y lo peor, es que las autoridades de tránsito y la concesión de las fotomultas parecieran desentenderse del asunto. Sin querer favorecer a los evasores ni mucho menos, pero si esos sistemas tienen la trazabilidad de este tipo de pólizas, podrían darles una especie de ‘amnistía’ o de ‘chance’ o de tiempo adicional a quienes se les acaba de vencer el SOAT y no lo han podido conseguir por las dificultades que están a la vista de todos.

La eficiencia no se puede medir en Cúcuta con el riesgo de ser multados 45.030 carros venezolanos cuyos poseedores y propietarios deben hacer maromas para conseguir el SOAT que ahora no se los venden virtualmente. Eso sin contar el lío que hay para las motos nuevas y hasta para los autos colombianos.

Esto lo decimos teniendo en cuenta la notificación de Mayid Gene, secretario de Tránsito Municipal: “...los comparendos por evasión de SOAT se seguirán aplicando”,  que bien podría terminar en un juego del ‘gato y el ratón’ o en una disminución del número de carros circulando, por ejemplo.

Sin embargo, aquí hay una puerta abierta para que haya un alivio. Se trata de una declaración del ministro de Transporte Guillermo Reyes: “Y como no se ha podido expedir por el represamiento, muchos vehículos no están asegurados. Entonces hemos pedido a las alcaldías y gobernaciones que permitan la movilización si están con el seguro vencido mientras se resuelve el problema”.

Y mientras esperamos nuevos desarrollos locales de este dilema, es  importante recordar que se han estimado operaciones fraudulentas de 485.000 millones de pesos con el SOAT por parte de algunas IPS, evasión del 45 por ciento y pérdidas calculadas para este año en 350.000 millones para ese subsector de los seguros, configuran el doloroso cuadro que lo afecta.

La descontrolada accidentalidad, especialmente de motocicletas y decisión gubernamental de establecer solo una tasa del cinco por ciento de comisión por la expedición del seguro obligatorio, son otros de los detonantes de esta tormentosa situación.

El Estado, en sus instancias nacionales y locales tienen mucho por hacer para enderezar el rumbo del SOAT que va desde acciones económicas y técnicas, otras de tipo judicial y las de tipo correctivo y preventivo para atajar esa accidentalidad desbordada y ajustar asuntos como la señalización y las destrezas requeridas para conducir carros y motos y organizar un mecanismo antievasión.

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