Las víctimas del conflicto armado siempre terminan llevando la peor parte en una Colombia signada por la interminable guerra que no ha llevado a ninguna parte, pero en cambio sí provocado irreparables daños materiales, humanos,  medioambientales y de otra índole. 

Norte de Santander es uno de esos territorios en ese aspecto en específico ahora que acaba de anunciarse un recorte presupuestal para el año entrante, que prolongará el dolor de los desaparecidos.

Es que la búsqueda, localización, identificación y sepultura digna de quienes se esfumaron luego de perderse todo rastro de ellos como consecuencia de la conflictividad guerrerista, es un derecho que no debe ni puede ser cercenado.

Sin embargo, como consecuencia de las decisiones de  carácter presupuestario, que se fundamentan en necesarios recortes de recursos generados por el déficit fiscal que cargan las cuentas públicas.

El dato en este campo señala que para el año entrante a la Unidad de Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas le redujeron a $ 59.636 millones  la asignación, que dejará delicados efectos.

La reducción de los recursos de inversión afecta directamente los dos pilares que hacen posible la búsqueda: la investigación interdisciplinaria y el despliegue operativo territorial de los equipos investigativos y forenses, quienes desarrollan la mayor parte de su trabajo en áreas dispersas y de poca accesibilidad, como lo señalara la directora de la entidad, Luz Janeth Forero  Martínez.

Esto significa que, por ejemplo, en muchos de los cementerios de Norte de Santander como el de Cúcuta, donde la entidad ha logrado encontrar restos de personas que efectivamente murieron en medio de la guerra, las búsquedas disminuirá o no se volverán a enviar unidades forenses especializadas.

El gran dilema para padres, madres, hijos y demás familiares es qué irá a suceder con  137.000 personas desaparecidas, si la búsqueda humanitaria y extrajudicial entra  prácticamente en el congelador, por razones económicas.

Y como si lo anterior ya no fuera suficiente, recordemos el nombre de Mancuso, en su momento máximo comandante del Bloque Catatumbo, y quien recientemente dejó de ser gestor de paz, por orden del Gobierno nacional.

Traemos a colación este asunto, porque aunque en la práctica no se dieron a conocer avances concretos, él se había comprometido a apoyar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto en la frontera con Venezuela.

En ese sentido, lo anterior no debería ser óbice para que una labor humanitaria de estas características no se lleve a cabo, en el entendido que  los victimarios también es necesario que adelanten una real manifestación de compromiso  con la verdad y la reparación, que en el caso específico de los desaparecidos en dar a conocer la localización de las fosas.

A nadie se le puede negar la opción de saber cuál fue la suerte final de sus familiares o allegados, máxime si quienes actuaron en contra del derecho a la libertad y la vida tienen la opción de colaborar con el cierre del duelo indicando  las coordenadas y lugares en que estarían los cuerpos o sus restos.

Las víctimas no pueden seguir siendo revictimizadas, en casos como los señalados, y el Estado y los autores que perpetraron las atrocidades tienen que buscar la forma de encontrar una solución humanitaria.

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