Que a niños de 13 pueblos los alimenten —alimentar es un decir— con comida descompuesta, contaminada con heces, con utensilios en condiciones vergonzosas, y en el suelo, como animales, es un hecho que además de conmover al país debe recibir los castigos más drásticos que existan.

Se trata de un crimen contra los colombianos más indefensos, a su vez, los más necesitados, los que mejor deberían alimentarse, cometido por sucios mercachifles, no contratistas, que además de poner en peligro la vida de centenares de niños pretenden seguir estafando al Estado, como hasta ahora.

Que cosas horribles como esta, estén pasando con la población más vulnerable, solo tiene un responsable: el Estado mismo, cuyos administradores son incapaces de ejercer los controles más elementales.

En un país más serio, en que el Estado se tome de verdad el trabajo de cuidar sus recursos, ningún niño comería en la escuela con los cubiertos oxidados ni tendría que darle a su cuerpo carne descompuesta, y quienes intentaran hacer del erario un botín tendrían el castigo más duro de todos por atentar contra los pequeños.

Si este fuera un país más serio, pondría a esos mercachifles y a los supervisores encargados de controlar que todo esté bien, a comer la comida que les dan a los niños.

Pero, claro, no lo es. Y por eso, en departamentos como el nuestro, alimentar a los niños de las escuelas públicas se ha convertido en objeto de contratos por los que algunos están dispuestos a lo que sea, con tal de resultar favorecidos o de favorecer a personajes cuestionados.

Los contratistas solo responden por la comida que distribuyen, pero nunca por las consecuencias que se desprenden de esos alimentos. Hace menos de una semana, en Cúcuta circularon insistentes rumores en el sentido de que leche que consumían los escolares estaba contaminada con una bacteria, y los niños estaban enfermando.

Además, en los dos últimos años ha habido numerosos problemas que, sin la investigación profunda que prometen siempre los órganos de control, pasan como si nada hubiera ocurrido, como si todo estuviera de acuerdo con el contrato y con las necesidades de los niños cucuteños.

Si a alguna autoridad le interesa el asunto, estamos en capacidad de informarle que a los escolares de Cúcuta no les gusta el desayuno (o complemento), porque por semanas siempre es lo mismo: un pan duro y un bocadillo de guayaba. Y se quejan de que cuando las frutas no están verdes, están en proceso de descomponerse.

Por eso, a veces los estudiantes ni siquiera reciben las raciones que, como no se aprovechan, terminan perdiéndose entre los tarros de la basura o alimentando gatos del vecindario.
Y de esto no se enteran los comités establecidos para vigilar que el contrato se cumpla, porque no funcionan. Dejaron de actuar hace mucho tiempo, y así, la firma contratista puede actuar a sus anchas, en la seguridad de que no habrá quejas, y si las hubiere, no serán investigadas. ¿Para qué investigar, si solo se trata del desayuno de los niños?

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), tal como está, es hoy una manera de pagar deudas electorales y de brindar satisfacciones políticas, antes que un medio para darles a los niños los complementos alimentarios que necesitan, parece haberse convertido en nefasto mecanismo de negociación política y de pago de favores y apoyos de campaña electoral.

Quizás esa sea la razón por la cual a los contratistas se les permite actuar sin control y abusar, como lo comprobó el Defensor del Pueblo en varios departamentos.

Lo más lamentable es que, tanto contratantes como contratistas juegan con los derechos de los niños.