El desplazamiento ha vuelto al Catatumbo. A pesar de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana, el incremento de las acciones violentas en esta zona del departamento han empezado a generar salidas masivas de familias que deciden abandonar su territorio, temerosas de su situación vulnerable en medio del fuego cruzado entre grupos ilegales y el ejército, o incluso solo por temor a caer en medio de las acciones que, casi a diario, adelantan el Eln, el Epl y las Farc.

Esta situación, de la que se venía hablando desde hace semanas, ha sido confirmada por el Comité Ampliado de Justicia Transicional.

No se sabe a ciencia cierta cuántas familias son. Confirmadas por las autoridades están al menos cerca de 120 de El Aserrío y Teorama y se rumora que otras más de otros municipios y corregimientos han decidido abandonar, empujados por la zozobra y el temor a perder la vida.

Este desplazamiento revive los terribles momentos de lo que fue la época más sangrienta de El Catatumbo, con la incursión paramilitar que dejó miles de familias desintegradas, desarraigadas, destruidas. Ante la simple insinuación de volver a vivir lo mismo, el abandono del territorio es la primera alternativa.

La situación de todos sus habitantes es realmente crítica, pues están en medio de un conflicto que se ha extendido por décadas, que realmente no tiene nada que ver con ellos, pero que les cobra un alto precio simplemente por el hecho de haber nacido allí, de vivir en una zona en disputa.

La paradoja es grande: quizás para ellos la presencia del ejército les genera más temores que seguridades, pues esto los expone aún más, convirtiéndolos en blanco de los ataques simplemente por el hecho de estar cerca. En el caso de El Aserrío sienten miedo porque se han encontrado cilindros, dispuestos a lanzarse hacia los puntos donde está el ejército en el corregimiento.

Para muchos, el ejército no debería estar allí, al menos no en medio de la gente, pero es un deber del Estado garantizar la seguridad en la zona con su presencia. Más allá del debate y las posturas, es una muestra de lo compleja que es la situación para los habitantes de esta zona.

Las autoridades junto con las entidades internacionales que hacen presencia en Norte de Santander y el comité de verificación deben iniciar acciones de forma inminente para atender a estas familias desplazadas.

Así mismo, el gobierno nacional debe poner sus ojos en los que está sucediendo aquí y especialmente en el Catatumbo, para desplegar una estrategia que –por complejo que suene– logre dejar por fuera de los enfrentamientos a la población civil.

Las distintas etapas de tregua que se han vivido a lo largo del proceso de paz, de nada han servido para menguar el conflicto en Norte de Santander. No en vano somos un departamento con presencia de todos los grupos guerrilleros y de bandas criminales, entre otros grupos de delincuencia ubicados allí por los cultivos de coca.

Esto que hoy sucede, plantea el gran reto que significa para el departamento el postconflicto, pues más allá de que se llegue  un acuerdo de paz con las Farc, las acciones de los otros grupos no van a cesar. Por el contrario, quizás arrecien para presionar una negociación con el Gobierno, como la que lleva ya tres años en Cuba.

Sea cual sea el escenario, la población parece ser en todos y cada uno de ellos, la que lleva las de perder.