El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la utilización de un mecanismo de “fast track”, o vía rápida, para impulsar las reformas de su gobierno y avanzar en los acuerdos de paz genera una preocupación significativa en el ámbito político y social de Colombia.
Esta propuesta, que evoca los procedimientos especiales empleados durante el proceso de paz con las FARC, plantea serios riesgos para la estabilidad democrática del país y el equilibrio de poderes.
La utilización del “fast track” implica un camino rápido y menos riguroso para la aprobación de leyes y reformas, algo que podría atropellar el debate democrático y la necesaria deliberación en el Congreso. Esta medida extraordinaria fue justificada en el pasado debido a la urgencia de consolidar un acuerdo de paz con una guerrilla que llevaba décadas en conflicto armado con el Estado colombiano.
Sin embargo, en el contexto actual, emplear esta herramienta para reformas estructurales y políticas generales representa un peligroso precedente.
El uso del “fast track” en una democracia saludable debe ser la excepción y no la regla. Las reformas estructurales y los cambios profundos en la sociedad requieren de un proceso legislativo robusto, que incluya debates exhaustivos, consultas amplias y un análisis detallado de sus posibles implicaciones.
Reducir estos procesos al mínimo puede resultar en decisiones apresuradas y mal fundamentadas que no reflejan el sentir de la ciudadanía ni la complejidad de los problemas a resolver.
Además, esta propuesta de Petro alimenta la percepción de un gobierno que busca concentrar el poder y reducir los contrapesos institucionales. La democracia se fortalece con el debate, la crítica y la participación de diversos actores sociales y políticos. Cualquier intento de acelerar reformas sin estos elementos esenciales puede erosionar la confianza pública en las instituciones y en el proceso democrático mismo.
Es imperativo que el Congreso de la República mantenga su rol como el foro principal de discusión y aprobación de las leyes en Colombia. Los mecanismos extraordinarios deben reservarse para situaciones de extrema necesidad y consenso general, no para la implementación de una agenda política específica.
En ese sentido es válido lo notificado por el expresidente Iván Duque que lo señala como “mecanismo espurio” que tiene el propósito de “debilitar el trámite legislativo, y así, debilitar al Congreso en una sustitución de la Constitución”.
El llamado de Petro a utilizar el “fast track” para sus reformas y acuerdos de paz debe ser evaluado con cautela y escepticismo.
Según lo explicado por el presidente en la ONU, con el “fast track” solicitará la modificación de vigencias futuras: “Toda la inversión pública está comprometida en obras, autopistas que están al lado de las ciudades más ricas de Colombia, luego no hay cómo financiar la inclusión y transformación territorial.”
La búsqueda de la paz y la transformación social son objetivos loables y necesarios, pero los medios para alcanzarlos deben respetar los principios democráticos y el Estado de derecho. Solo así se garantizará que los cambios sean sostenibles, inclusivos y legítimos a los ojos de todos los colombianos.
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