La inseguridad ciudadana que afecta al área metropolitana de Cúcuta, no solo genera desespero y temor entre la ciudadanía, sino que aparecen propuestas a  las cuales van ligadas a los análisis críticos, ante los riesgos que pueden terminar generando.

Villa del Rosario en los últimos años viene enfrentando serios problemas en materia de seguridad por diversos factores. Por una lado se encuentra la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc en el Catatumbo, que se ha desbordado hacia zonas urbanas.

Simultáneamente, se encuentran los efectos de la porosa frontera tomada por las bandas del multicrimen transnacional al igual que del grupo armado ilegal del Eln.

En medio de todo ese ambiente de peligro, se desatan los hurtos, los homicidios, la extorsión y otros hechos delincuenciales que les complican la vida a los habitantes del histórico municipio.

Para confirmar la cruda realidad que padecen los rosarienses, el concejal Vladimir Lindarte dio a conocer un dato que preocupa y es que en esa localidad ocurren por lo menos 15 atracos mensuales.

El cabildante se volvió noticia por la alternativa que expuso en relación a una  opción para hacerle frente a ese problema: “No estoy incitando a la violencia ni a que se armen grupos al margen de la ley, sino a que las personas puedan obtener un arma para ejercer su derecho a la legítima defensa”.

Sin embargo las dudas asaltan. ¿Enfrentar la violencia con más violencia es la fórmula? ¿Permitir que muchos vayan con armas de fuego es la mejor opción para contener delitos como el robo?

Deben sopesarse las situaciones porque  de pronto pudiéramos terminar instalando  un escenario semejante al del Medio Oeste, en donde la ley del revólver imperaba para la solución de la mayoría de los problemas. 

Hay que tener mucho tacto y cabeza fría en una eventualidad de llegar a extender  facilidades para el porte de armas de fuego, porque si no  le fijan claras directrices y límites para su utilización como defensa, la solución jamás llegaría puesto que al final todo se saldría de control.

En los argumentos de quienes apoyan y se oponen a una alternativa de esas se escucha que debería habilitarse el porte de armas para los comerciantes, siempre y cuando estén al día en sus obligaciones y no registren antecedentes penales. Y otros afirman que las armas en la calle solo van a traer más violencia, en un municipio azotado por el crimen. 

Es inocultable que más allá de la zozobra causada por la ola de inseguridad, lo realmente indispensable es que el Estado por intermedio de la Fuerza Pública garantice el derecho a la vida y proteja los bienes de las personas.

El ejercicio de la autoridad y las operaciones permanentes de presencia y control por parte de la Policía, que debe reforzar su estructura de inteligencia, llevaría a mejores resultados en una lucha frontal y permanente contra la delincuencia. 

La deliberación sigue en crecimiento en el país donde las voces siguen elevándose para que se permita el porte legal de armas en toda Colombia, aspecto sobre el cuál habrá que esperar las decisiones que tome el nuevo Gobierno nacional.

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