De llegarse a comprobar lo dicho por Olmedo López en el video de su declaración ante la Corte Suprema de Justicia tendrá que generar un terremoto que remecerá las estructuras de la Casa de Nariño y dejará herida de muerte la ‘Paz  Total’ que a capa y espada  defiende el presidente Gustavo Petro.

En Norte de Santander, donde el Eln tiene presencia en el Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta y a lo largo de la frontera con Venezuela, escuchar que se hicieron intentos para financiar con contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres  a esa guerrilla, resulta siendo toda una amenaza, una afrenta y una burla para la región y las víctimas.

Eso lo dijo Olmedo nada menos que ante la suprema Corte, lo cual le da un altísimo peso a sus afirmaciones que no se pueden demeritar y que en esta cuestión en específico tiene que tener sus consecuencias en las negociaciones que se llevan con ese grupo alzado en armas.

¿Cómo así que le iban a dar contratos al Eln para que mantuviera a sus estructuras armadas? ¿Cómo así que esa plata iba a salir de las arcas oficiales? ¿Cómo así que el Estado iba a financiar a uno de sus enemigos que durante 60 años lo ha combatido mediante el terrorismo?

Esto requiere más que una explicación y algo más contundente que simples excusas o comunicados vacíos, puesto que para  los colombianos azotados por décadas de violencia y con múltiples problemas económicos y sociales resulta siendo inentendible que la institucionalidad que presuntamente debería defenderlos prácticamente se esté amangualando con quienes extorsionan, secuestran, hostilizan a los civiles y atacan a la Fuerza Pública.

Sobre todo lo planteado por Olmedo en su ventilador lo único que debe suceder es que la justicia colombiana actúe prontamente para evitar la impunidad y los favorecimientos y que sus decisiones caigan sobre quienes deban caer, para de esta forma castigar de verdad a la corrupción.

Por ejemplo, el debilitado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, debería renunciar porque como ficha clave del equipo económico del Gobierno Nacional su permanencia acarreará consecuencias  negativas al aparecer como uno de los principales protagonistas de este escándalo de corruptela.

Lo mismo debe suceder con los demás señalados, incluyendo los congresistas, mientras que se vendrá también otro capítulo, y es el de si algunos proyectos gubernamentales que lograron pasar en el Senado y Cámara fueron ‘infectados’ por el millonario caso de la UNGRD.

Pero un hecho que no debe permitirse que haga carrera, es el del intento de estigmatización y el ataque contra  los medios de comunicación por la filtración y publicación de este video de alta valía periodística y de importancia dentro del derecho constitucional de informar y ser informados.

Tratar de levantar cortinas de humos para intentar restarle importancia a lo sucedido en Gestión del Riesgo es una acción para desviar la atención poniendo en la picota, como si fueran los culpables a los medios informativos,  lo cual resulta siendo muy grave.

La sociedad en general debe exigir que ahora  no se intenten poner mordazas jurídicas o de cualquier índole para torpedear la libre expresión en una maniobra para que los colombianos no puedan tener acceso a la información oportuna, veraz y detallada sobre los intrincados hilos de las  violaciones de la ley en todas las esferas del Estado.

Aquí la culpa no es de los periodistas ni de la radio ni de la televisión ni de la prensa ni de las redes sociales. Los culpables son quienes usan el poder  para corromper  todas las estructuras del Estado.

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