En materia de orden público el nororiente del país y la zona fronteriza con Venezuela registra en estos momentos una situación similar a la que produce una  montaña rusa con sus altos y bajos de gran intensidad.

Se llegó a celebrar la finalización del oprobioso secuestro por parte del Eln de los agente del CTI, en Arauca, quienes fueron sometidos a un juicio revolucionario, en un hecho también repudiable, al mantenerlos cautivos durante 18 meses.

“Terminó esta etapa de sufrimiento extremo, pero reiteramos que esto no debería ocurrir”. Con estas palabras se pronunció la Defensoría del Pueblo, las cuales coinciden con la consideración ciudadana sobre el respeto al derecho a la libertad y a la vida de los colombianos.

¿Hasta cuándo tenemos que seguir asistiendo a la ocurrencia de este delito? ¿Por qué razón las organizaciones armadas ilegales persisten en arrebatarles a los ciudadanos la posibilidad de no padecer un delito tan grave como ese?

Lo peor de estas situaciones, es que aunque en el país se registra una reducción del 45 % de los hechos de plagio durante el presente año, nos encontramos ante episodios que muestran las dos caras de la moneda.

Por un lado la alegría de familias y el alivio de víctimas como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, los funcionarios del CTI, por haber superado esta oscura etapa en su vida.

Sin embargo, en el otro extremo se encuentran más personas sufriendo al caer sus seres queridos en las manos de los grupos armados que también los secuestraron, como son Nancy Gómez,  primera dama del municipio de Uribia, en La Guajira,  y la subteniente María Camila Pantoja Hernández, del Grupo de Caballería Mecanizado N°.18 General Gabriel Revéiz Pizarro del Ejército Nacional, en Saravena (Arauca).
Al pasar revista a las zonas en que se presentaron los hechos, corresponden a departamentos fronterizos con Venezuela, país en donde el Ejército de Liberación Nacional tiene influencia en por lo menos ocho estados.

Y siguiendo esta especie de mapeo parcial de la violencia, lastimosamente Norte de Santander sigue apareciendo en el radar violento, en donde ahora el arma preferida por las estructuras armadas ilegales  es el dron con explosivos.

Otra tragedia en ese campo acaba de suceder con cuatro militares muertos en medio de una ‘emboscada aérea explosiva’, que dentro del símil de la montaña rusa nos lleva a una escalada en el conflicto armado, puesto que en esa incursión resultaron heridos otros cinco uniformados que integraban la patrulla, en Tibú.

Por lo tanto hay que enfrentar esos retos pendientes en el frente de la inseguridad, dentro de lo cual se requiere un giro de 180 grados en la forma de enfrentar esa guerra, con armamento y equipos especializados, que sirvan también para mejorar las tareas de vigilancia y seguimiento que permitan anticipar y desactivar ataques como esos.

Además, el paso dado con Venezuela que acaba de comprometerse con la seguridad en la zona fronteriza entre los dos países, tiene que aprovecharse para el desmantelamiento de los campamentos y los llamados ‘santuarios’ en el territorio vecino.

Las condiciones de la región, hablando del nororiente, hay que superarlas con la presencia integral del Estado, que aparte de recuperar la autoridad sobre el territorio con la Fuerza Pública, necesita que la institucionalidad llegue con los planes e inversiones requeridos para superar los problemas socioeconómicos.

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