El gobierno anda desvelado porque no encuentra las soluciones adecuadas para el problema de la producción de coca, que por ahora cubre 69 mil hectáreas en todo el país, 13.600 de ellas en Norte de Santander, mayoritariamente en la zona de Catatumbo.

Para ello, acude incluso a la ciencia y a la biotecnología, que parece ya obtuvieron una nueva molécula química que puede reemplazar al peligroso glifosato sin los riesgos que representa, y que podría utilizarse mediante aspersión aérea o manual mecanizada.

Con ello se pretende evitar los reclamos airados de campesinos y de gobiernos de países vecinos que se consideran afectados por las fumigaciones aéreas de Colombia con el herbicida por cuyo uso se han deteriorado relaciones con países del área.

Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en las cuatro zonas donde el cultivo de coca es más intensivo, serán creados puntos de intervención donde estarán todos los recursos disponibles, como nuevos grupos de erradicación, nuevas tecnologías para detectar cultivos y laboratorios.

En fin, toda el apoyo logístico y científico necesario para impedir que los cocales sigan creciendo y, por el contrario, desaparezcan.

Pero, hay circunstancias que llevan a pensar en que quizás el afán de este y de otros gobiernos por satisfacer exigencias internacionales en el combate a las drogas no se compadezcan con la tendencia mundial en relación con algunas sustancias, que de estar totalmente prohibidas pasaron a estar reconocidas por el Estado como objetos de comercio, y amparadas por la ley.

Desde luego, hay compromisos internacionales que se deben cumplir, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de replantear la acción de erradicar los cultivos, en momentos en que lo que ayer era ilegal hoy ya no lo es, y esto podría ocurrir con una droga que ha causado tanta conmoción en la sociedad, como la cocaína.

No significa que se deje de fumigar ni de erradicar manualmente. No. Pero, ¿qué tal si todos los recursos que se destinan a esas actividades, los dedicara el gobierno a enfrentar un problema aún más grave y de características económicas monumentales, como el contrabando de gasolina?

En plena crisis fronteriza, derivada de la pretensión venezolana de terminar con el paso ilegal de mercancías de su país a este, entre ellas los combustibles, cuando las fronteras están erizadas de soldados y policías, siguen llegando a Colombia gasolina y otros combustibles de contrabando.

Esto no es ningún misterio: basta ir a Puerto Santander, para ver cómo la pasan en pimpinas que echan a navegar sobre las aguas de los ríos. Si ayer, incluso, a pocos pasos de La Parada, corazón de la crisis, fueron capturados varios contrabandistas y la gasolina que traían, decomisada.

La gasolina venezolana traída a Colombia por la vía que sea representa un negocio más grande que el de la cocaína, con la ventaja de que no es una sustancia perseguida por las autoridades. Que sea traída de contrabando es otra cosa. A nadie arrestarían en alguna parte por llevar gasolina en una pimpina.

Y en defensa de su negocio ilícito, encabezadas, según sostienen investigadores, por generales de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, las mafias binacionales están dispuestas a lo que sea. Con frecuencia lo demuestran con amenazas, chantajes, extorsiones y otros delitos. Además, manejan el siempre poderoso factor del dinero con el que pueden comprar lo que las mafias de la cocaína compraban, pero con menos riesgo, con menor grado de ilegalidad, y con más éxito.

Dedicarle muchos recursos a la tarea de frenar este contrabando podría ser una buena manera de enfrentar el crimen de perspectiva, es decir, aquél que cada día se hace más grave. Quizás valiera la pena que la coca y sus derivados son algo así como el pasado.