A Martha Cañas, el invierno de 2010 se le llevó todo: casa, ropa, enseres… pero le dejó el coraje y la verticalidad para reclamar lo que ella y muchos vecinos del barrio San Rafael creen que es justo y para denunciar lo que ella y los mismos vecinos creen que unos cuantos falsos damnificados le hicieron goles al gobierno.

El problema de Cañas es que nadie le pone cuidado a sus denuncias, que lleva de Metrovivienda al DPS, pasando por el ministerio de Vivienda, el Fondo Adaptación, el Comité Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres, hasta la red Reunidos.

A ella, comprobadamente damnificada, le robaron la opción de que el Estado le diera una vivienda gratuita, opción que, por gracia de influencias, le entregaron a una persona que ni fue víctima del invierno ni necesitaba que le regalaran una vivienda.

Durante su peregrinaje por todas las dependencias oficiales posibles, ha logrado descubrir lo que podría ser un rosario de golazos al gobierno y el Estado que, de paso, ha generado situaciones que llevan a pensar que algo muy turbio hay en el fondo.

Cañas retó al gobierno —en Cúcuta todos los organismos comprometidos deben ponerle el máximo de atención a esta mujer pobre y despojada, que ha tenido el valor de denunciar por sus nombres a funcionarios que beneficiaron ilegalmente a los falsos damnificados, y a estos— a que investigue sus denuncias.

El reto es a que el gobierno revise “la documentación presentada por la familia Alarcón (recibieron 7 apartamentos), Blanca Acero (hija de Cecilia Rico, presidenta de la junta comunal), Milagros del Pilar Rico (otra hija de Cecilia Rico), Hugo Cerveleón, Luz Marina Carvajal, Rosario Saavedra, los hermanos Carvajal…”, que según Cañas no sufrieron las consecuencias del invierno, como tampoco los hermanos Becerra (Alfonso y César Augusto).

Para adjudicar las viviendas, hubo un censo del que hoy varios funcionarios toman distancia. Quizás sea porque en ese censo fueron incluidos, a sabiendas, los beneficiarios que según Cañas no tenían derecho a recibir regalo alguno del Estado, pero que hoy disfrutan de casas o apartamentos en Cormoranes y en San Fernando del Rodeo.

La vivienda que, en teoría, era para Cañas, fue entregada a Cecilia Montejo, sin razón clara de por qué. Al menos Montejo tuvo la delicadeza de rechazar el beneficio, y así lo hizo saber de este diario en una carta.

Hay un funcionario que según la denunciante puede ser el responsable de los favorecimientos a los hermanos Becerra. Se trata del ingeniero Carlos Cáceres, que en 2011 trabajaba en el Clopad (hoy Comité Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres), a quien Manuel Becerra señaló ante La Opinión como la persona que lo animó a incluirse en la lista de damnificados, con la promesa de ayudarlo.

Curiosamente, un día después de que se conoció su declaración, en una carta, Becerra se retractó de lo que había dicho y exaltó al ingeniero Cáceres como persona honesta que no merece ser desacreditada.

En la única dependencia donde la despojada ha hallado alguna respuesta es en la Fiscalía, que puede tener entre manos un caso que podría derivar en un proceso penal, si se llega a demostrar que funcionarios hicieron pasar como damnificadas a personas que jamás lo fueron, y de paso perjudicaron a víctimas reales.

Desde luego, en un país donde todo se ha convertido en falsos positivos, no está demás que también se hable de falsos damnificados. Lo que es lamentable es que los funcionarios del Estado que deben evitarle goles al gobierno, sean quienes metan el balón, y aun así se queden tan campantes…