El Presidente Juan Manuel Santos prometió de manera solemne que habría un nuevo Gramalote para los próximos mil años, como mínimo.

Es la sana, lógica y elemental aspiración de todo gobernante que espera a que su mandato trascienda los tiempos, así sea a través de obras físicas.

Pero, al menos en Colombia, una cosa piensa el presidente y otra, muy distinta, algunos funcionarios encargados de materializar ideas como la del destruido pueblo.

Y el caso de Gramalote es un ejemplo de cómo la seriedad del deseo presidencial se hace añicos cuando aterriza en el terreno llano de la burocracia que contrata en ese ambiente de dudas e inmoralidades que hace rato devora al Estado.

En un proyecto como este, donde hay tantos detalles que atender, todo error se paga en tiempos cada vez más largos, y como consecuencia se da licencia para pensar en que lo que para Santos era un pueblo terminado que duraría mil años, para otros es una obra que puede tardar mil años en ser concluida.

Así actúan, sin importarles nada más que sus intereses particulares, traducidos en actos reprochables de las que con dificultad se ocupan los organismos de control.

Lo que hasta ahora es claro es que habrá Gramalote para rato, y que a pesar de las promesas superministeriales de dejar el cargo si los plazos no se cumplen, solo son palabras de momento basadas en el optimismo y el deseo presidenciales.

Hace algunos días, Corponor le envió a la alcaldesa, Sonia Alejandra Rodríguez, un oficio que, además de pedir información complementaria que soporte la solicitud de licencia ambiental para la vía de acceso al pueblo, revela cuestiones que riñen con la ética más elemental.

Del oficio es fácil deducir que en el Estado algunos estudios se contratan como por salir del paso y por favorecer a empresas o personas, pues luego el contratante no se preocupa por comprobar si lo que le entregaron es lo que compró.

A nombre de la Alcaldía, el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental fueron presentados por el Fondo Adaptación, a cuyo cargo está Gramalote, pero los elaboró el contratista de la vía.  

Como consecuencia de la irresponsabilidad, por un lado, y de la negligencia, por otro, el documento estudiado contiene una escandalosa colección de exabruptos, inconsistencias y falsedades. Da la impresión de que alguien fue a textos sobre fauna, copió lo que pudo y lo transcribió en el documento.

De acuerdo con Corponor, hay inconsistencias entre textos, tablas, bibliografías y metodología, en “evidente corte y pegue de información de otros estudios de impacto ambiental de otras regiones”.

Y, así, se hacen figurar en la zona de Miraflores a 16 familias, 24 géneros y 30 especies de fauna exclusivas de la Orinoquia.

Además, el autor del estudio hace varias referencias al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que, obviamente, Gramalote no tiene (apenas tiene un esquema).

No se duda del deseo de Santos expresado en Cúcuta: “Créanme que Gramalote va a quedar mejor que antes…”, dijo. La duda está relacionada con la promesa de que “el Gobierno Nacional va a estar muy pendiente de lo que está sucediendo”, pues eso de estar pendientes no es, precisamente, la práctica constante que se espera.

Pero, más allá de las promesas incumplidas, a los nortesantandereanos nos interesa saber por qué no hay ya investigaciones de todo tipo —incluso penales— en marcha, quiénes son los responsables de pagar por estudios que no valen el papel en el que están escritos, quiénes se han ganado la lotería de Gramalote.

Todos esos actos inmorales y, si se quiere, delictivos, tienen un nombre común, cada vez más común en Colombia: corrupción. ¿Alguien se atreverá a investigar?