Parece que el procurador Alejandro Ordóñez no puede estar tranquilo un día sin intentar modificar la estructura judicial del Estado a su manera de pensar, una manera a la que la realidad superó y dejó abandonada a la orilla de la vía hace ya mucho tiempo.

Lo acosa una especie de afán ciego que le impide ver incongruencias graves en las propuestas que formula, lo cual le valió la más reciente vapuleada, propinada por el presidente Juan Manuel Santos, al rechazar y objetar, con toda razón, una reforma del llamado Código Disciplinario, que rige la conductas de los funcionarios del Estado.

Calificaba como falta gravísima el hecho de que un funcionario consumiera una sustancia prohibida (marihuana, por ejemplo) en lugares públicos. Lo inaceptable es que participar en un genocidio es igualmente una falta gravísima del funcionario.

Para Santos, “no hay proporcionalidad en las sanciones”, pues “no es lo mismo fumar marihuana en un parque, un domingo, o un genocidio, pero le aplican la misma sanción, según el código que impulsó el procurador.

De acuerdo con el presidente, una norma en tal sentido contradice a la propia Constitución. “No quiero que los funcionarios vayan a fumar marihuana a los parques, sino que simplemente esa norma rompía con ese principio de proporcionalidad que nuestra Constitución obliga en cada ley y en cada disposición”, dijo Santos.

La explicación de Santos pretende enfrentar los comentarios que se tomaron las redes sociales, según los cuales, al rechazar el código, el presidente estaba, en verdad, permitiendo que los funcionarios del Estado se convirtieran en drogadictos.

Santos tiene otras razones para vetar el código y elaborar y aprobar uno nuevo, pero, más allá de la discusión netamente jurídica, está la discusión política impulsada por un procurador que aspira a ser presidente, y cuyo ideario es de fundamentalista incluso para los católicos conservadores.

Opositor acérrimo de los diálogos de La Habana y del presidente, el procurador no deja pasar oportunidad para intervenir, algunas veces intimidando con su cargo, y otras según dicen los analistas, negociando cuotas de poder para sus amigos, pero, de todos modos, en busca de neutralizar el proceso pacificador.

En la historia de Ordóñez hay episodios dignos de la inquisición, como aquél del 13 de mayo de 1978, cuando como miembro de la Sociedad San pío X fue a la biblioteca de Bucaramanga, pidió libros que pudieran perturbar las mentes juveniles, y los quemó.

Allí quedaron, hechas cenizas, obras de García Márquez, Rousseau, Marx… y hasta una biblia protestante, que el hoy procurador consideró pecaminosa, pues no era católica, apostólica y romana.

Pese a que el código vetado asigna funciones disciplinarias al Consejo Superior de la Judicatura, que desapareció en la reforma del equilibrio de poderes, nadie en el Congreso lo objetó.

Quizás no se dieron cuenta, aunque es probable que los congresistas prefirieran salir del paso, como fuera, con el proyecto, antes que quedar en el entrecejo del procurador y ser objeto de investigación disciplinaria, como les ha pasado a muchos funcionarios que se han atrevido a decirle no al alto funcionario.

Es muy importante tener un código actualizado que regule las conductas de los funcionarios del Estado, pero que sea una norma que se ajuste a las circunstancias de los tiempos que corren, no que lleve a considerar con la misma gravedad fumar marihuana en un sitio público o estar vinculado a un genocidio.

Los códigos deben ser producto del análisis jurídico, no del juicio inquisidor de modernos Torquemadas investidos como altos funcionarios.