La confesión pública de uno de los más importantes ministros del presidente Gustavo Petro, como lo es Juan Fernando Cristo, en la cartera del Interior, sobre las fallas profundas en la política de seguridad no deja de ser sorprendente o tal vez sea la admisión oficial de algo que se convirtió en inocultable.

Sin embargo, decir a mitad del mandato constitucional que el próximo gobierno heredará una alta inseguridad es también dejar entrever que esta administración es muy poco lo que hará por atajar ese mal.

Muchas interpretaciones deja esa lapidaria frase de Cristo, puesto que el ciudadano que todos los días trabaja, estudia y desarrolla sus actividades diarias, puede llegar a creer que el Estado fracasó en defenderle su vida, honra y bienes.

Desde el campo político es un punto a favor para la oposición que ya lo empieza a ver como un mandatario que les quitó la tranquilidad a los colombianos y se la devolvió a los bandidos, como se escucha decir.

Resulta desalentador para el trabajador, el campesino, el empresario y el estudiante, que desde el gabinete presidencial alguien afirme que después del 7 de agosto de 2026, sea cual sea el gobierno que llegue, va a encontrar unos problemas de seguridad serios en el país.

O sea que la otra lectura válida es que esto ya no es ni simple percepción ni una advertencia opositora ni una falla coyuntural, sino que se trata de una complicación estructural que creció y se alimentó de la debilidad del actual gobierno para combatir la criminalidad en todas sus modalidades.

Para los líderes sociales, ambientales, comunales y defensores de Derechos Humanos que siguen siendo asesinados, el futuro que les espera es desolador porque a la luz de esas palabras continuarán estando en la mira de la criminalidad.

Norte de Santander y Cúcuta, de donde es oriundo el ministro Cristo, son el caso para mostrar sobre el escalamiento de la violencia por parte del Eln, la disidencia de las Farc, las bandas del multicrimen, el narcotráfico y el testaferrato.

Dicha consideración, proveniente de las altas esferas gubernamentales, debe mover a las regiones a exigirle al Estado que no las abandonen y las dejen en manos de quienes a sangre y fuego llegan a copar territorios y a reclamarles a los grupos armados organizados que siguen en negociaciones, que den muestras palpables de su voluntad de paz y dejen de lado la carta marcada de conversar para buscar fortalecerse militarmente.

Para quienes usan los contextos para tener una visión más clara, surge un panorama de un peligroso agravamiento de la situación al aparecer nuevos elementos perturbadores como el crimen transnacional, y la multiplicación de disidencias, las violaciones de la guerrilla a los ceses del fuego y la cada vez mayor influencia del narcotráfico en el conflicto armado, que en la práctica no parece tener una contundente, férrea y sostenida respuesta por parte del Estado.

Por lo pronto, hacer un contraste sobre la herencia indeseada que dejará Petro a su sucesor, con lo que señala la Constitución sobre las funciones presidenciales: “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”, se aprecia que ahí no estaría cumpliendo a cabalidad lo ordenado por la Carta Magna. Ojalá se rectifique a tiempo, porque a la violencia, que es un monstruo grande que pisa fuerte, ya es hora de meterla entre rejas.

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