Así que la razón para que el Concejo le negara a Cúcuta su manual del espacio público fueron los “intereses particulares de por medio con el tema de la inclusión de los contenedores soterrados”, según explicación de los concejales Oliverio Castellanos y César Arbey Torres.

Significa esto que los cabildantes que votaron en contra de la iniciativa tienen el mismo o parecido interés que el alcalde en el asunto de los contenedores soterrados de basura, coincidencia que, sin embargo, no explica por qué entonces votaron ‘no’.

Sectores empresariales interesados en que a Cúcuta se le tome en serio, como debe ser, dedicaron muchos esfuerzos a elaborar el manual del espacio público que la ciudad necesita para ponerle fin al caos generado por la cultura de que cualquiera construye donde quiera y como le parece, y punto.

Pero a quienes negaron el proyecto parece que no les importa que su ciudad sea una urbe moderna y ordenada, con las mismas reglas para todos, sino un río revuelto para provecho de unos cuantos pescadores con poder político.

En una ciudad acostumbrada a escuchar de comisiones ilegales en contratos y decisiones, con su actitud inexplicada y nada convincente de negar el proyecto, lo único que logra la corporación municipal es darles viso de credibilidad a los rumores de la calle según los cuales el dinero podría remover ciertos obstáculos temporales.

Quizás allí esté la explicación del por qué estos políticos creen que hay gato encerrado en una iniciativa necesaria que solamente costó 50 millones de pesos, y en cambio, no vieron el felino, si lo había, en un manual de cultura que aprobaron sin chistar días antes, que costó 10 veces más.

No aprobar el manual del espacio público es garantizar el caos y el abuso, y darle más impulso a la práctica de los pagos bajo la mesa a cambio de que alguien se haga el de la vista gorda ante las ilegalidades urbanísticas. Es, como se dijo antes, mantener revuelto el río…

¿No predican los ediles que les interesa la ciudad que los eligió? Entonces, ¿por qué impiden una política pública destinada a generar condiciones de movilidad, accesibilidad, rentabilidad, calidad y reparabilidad, como la que contempla el manual que rechazaron, si algunos ni siquiera lo entendieron? ¿Sería por esto?

Creer, como algunos concejales, que un manual del espacio público se limita a reglamentar las ventas ambulantes y asuntos parecidos, es demostrar que las que tienen de Cúcuta son ideas envueltas en parroquialismo extemporáneo y despistado.

El Concejo se equivocó en materia grave al negarle a la ciudad el estatuto, y el error deberá corregirlo en el menor tiempo posible, discutiéndolo, claro está, pero sin ponerle peros que generan más dudas de las que ya hay en relación con esa entidad en materias incluso como la moralidad.

¿Qué no les gustan los contenedores soterrados de basura? Pues que no les gusten, pero que expliquen, con razones técnicas, por qué. La ciudadanía tiene todo el derecho a saberlo. Y si tienen dudas, pues que las expongan, con todas las letras, que las denuncien, pero que no actúen como si los cucuteños hubiéramos nacido todos ayer y les permitiéramos hacer y deshacer sin inquietarnos al menos.

Si el alcalde o alguien más tiene “intereses particulares” en el contrato de los depósitos de basura, como lo sugieren Castellanos y Torres en vez de denunciarlo ante las instancias correspondientes, pues que se aclare, pero que no se prive a la ciudad de un instrumento que le traerá muchos beneficios.

No defendemos los contenedores subterráneos, pero no parecen ser una mala idea. Al fin y al cabo, Cúcuta necesita donde arrojar tanta suciedad que la agobia desde los despachos públicos. Comenzando por el Concejo.