¿Un marco regulatorio del espacio público? ¿Qué quieren decir con eso, que haya normas que permitan que solo unos pocos puedan hacer negocio con las calles, que son de todos, o que en los parques, hechos para las familias y, en especial para los niños, se pueda vender combustibles de contrabando, o que en la avenida sexta, por ejemplo, los andenes se les dejen libres a los vendedores de cuanto hay, en vez de a los peatones?

Si es en apoyo a esas ideas que ocho vendedores ambulantes, cuatro hombres y cuatro mujeres, están en huelga de hambre en el Parque Santander, quizás tengan que cambiar de idea, porque en ese sentido, ni el alcalde ni nadie puede cambiar nada de lo establecido por las normas legales.

Y si a los ocho huelguistas sus patrocinadores y apoyadores los convencieron con cantos de sirena, están a tiempo de terminar la huelga, con hambre, pero con dignidad y con el reconocimiento gremial, antes de que la situación llegue a un punto en que las consecuencias se hagan irreversibles.

Y no se está lejos de ese momento en que las autoridades deban, por razones de orden público, obligar a los huelguistas y a sus patrocinadores a cambiar de lugar. Para los ocho, no habrá consecuencia irreversible en cuanto a su salud. Claro, si continúan relevándose por grupos, como lo comprobó la Policía. Porque los ocho de ayer no son los mismos ocho que comenzaron la huelga hace hoy diez días.

Los médicos también sospechan que las cosas no son como se quieren hacer ver: luego de una semana de inanición, el cuerpo se resiente de tal modo que la pérdida de peso es una de las señales menos preocupantes, frente a otras de carácter cardíaco o renal o hepático, y los exámenes demuestran que nada de eso ha ocurrido con el grupo.

Con juegos como este, los comerciantes ilegales, los abusivos acaparadores del espacio público, los contrabandistas, los pimpineros, en fin, toda esa enorme pléyade de ilegalidad callejera de Cúcuta, intentan que la ley los favorezca, solo porque son ellos.

¿Qué les están coartando el derecho constitucional a trabajar? No. Simplemente, las autoridades tienen que garantizar que todas las calles, las aceras, los parques, los separadores, etc., sean para todos, no solo para quienes hacen negocio con el espacio público y además pretenden que el contrabando deje de ser un delito.

Para los que de verdad quieren trabajar, como lo pregonan, la alcaldía tiene unos 500 locales en El Oití, La Merced y La Nueva Sexta. ¿Por qué no aceptan ir allí, donde solo pagarían 1,500 pesos diarios? ¿Por qué todo tiene que limitarse a una zona en la que tradicionalmente se mueven enormes cantidades de contrabando?

En torno de la actual situación, no deja de llamar la atención un fenómeno muy curioso relacionado con el comercio formal. Ni los comerciantes legalmente establecidos han respaldado, con decisión, las medidas de la alcaldía, a pesar de que ellos resultan siendo, a la larga, los más favorecidos. Han dejado sola a la administración.

Esa actitud parece coincidir con la que hace pocos días asumieron los dueños y administradores de negocios en el centro, que cerraron sus puertas durante la marcha contra la ley anticontrabando, que necesariamente defiende sus intereses. ¿O es que también hay “gato encerrado”?

¿Por qué le exigen a la autoridad que actúe cuando algo no les conviene, pero se olvidan del alcalde, de los policías, de los concejales y de los inspectores, y los dejan a su suerte, solos, quijotes maltrechos contra poderosísimos molinos de viento?

¿Dónde están todos los gremios, como uno solo, en defensa del Estado, de la institucionalidad, de la ley, de la convivencia y, en últimas, en defensa de ellos y de sus intereses? Con esa manera de hacer que la autoridad actúe, para después dejarla sola, recuerdan a quienes están detrás de los ambulantes en huelga: los azuzan, para que expongan su integridad por ellos…