Como cualquier matón de barrio, nadie menos que el juez número uno de este país —porque eso es el presidente de la Corte Constitucional— el magistrado Jorge Pretelt pregona que no va a permitir que la fiscalía les ponga un dedo encima a sus hijos y a su esposa, vinculada a un proceso penal por robo de tierras en Urabá.
Y, por eso, los sacó del país, y mató a patadas lo poco que pudiera quedar de Justicia en Colombia: si él no cree en ella, ¿quién va a creer?
Es la praxis de la colombianísima teoría de la Justicia condicional, según la cual, es buena cuando recae sobre los otros, pero muy mala cuando es contra mí o los míos, y entonces hay que someter las decisiones a un análisis de ‘validez moral’, para ver si me quedo o me voy. De ordinario, el personaje sale subrepticiamente.
La actitud de Pretelt sería incomprensible incluso si fuera el juez promiscuo de Macondo y no el juez de jueces, la figura de la Justicia con el coturno más alto, tan alto, que se puso él y puso a su familia por encima de la ley, de las instituciones y de un Estado de derecho que cada vez más perfilan como un Estado de opinión.
Tal vez por eso, precisamente, le tocó darle el tiro de gracia a un servicio que ya venía arrastrando sus tripas desde 2010, cuando un expresidente de la República aplaudió la decisión de su exdirectora de inteligencia de viajar y asilarse en Panamá.
En las dictaduras, el mandamás se apoderaba, antes que del dinero del erario, del aparato completo de la Justicia; ahora, ya sabe que la clave no está en apropiarse de ella, porque mañana se le puede voltear, sino en aniquilarla, a la manera del más connotado juez colombiano. Muerta, inexistente, ¿qué Justicia se le puede aplicar?
La Justicia condicional descansa sobre una variación de la tristemente famosa doctrina Ñungo, para la que “es preferible encarcelar a cien inocentes antes que dejar a un culpable libre”. Hoy, de acuerdo con la validez moral, es preferible que todos los reos huyan y se escondan y se burlen del país, a que haya uno solo en el banquillo.
Por eso, el desfile de fugitivos no termina: la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado; el ex alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo; el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y la ex contralora general, Sandra Morelli, fueron los pioneros. Hoy siguen Martha Ligia Patrón de Pretelt y los hijos del magistrado.
En el marco de la Justicia condicional, se enseña a los hijos que no se debe sentir vergüenza de lo que hagan los padres, no importa que sea, sino dolor físico y afectación sicológica por lo que la Fiscalía y las cortes digan de sus progenitores. Es lo que se lee en la carta que Patrón envió al Fiscal indicando que sale del país, pero sin aclarar si con permiso de su jefe, el Procurador General Ordóñez, o sin él. Total, en la Justicia condicional no caben esas nimiedades.
La Justicia condicional es parte fundamental del Estado de opinión, doctrina que descansa sobre un solo dogma, predicado con voz estentórea y en sermón por todos los medios por el exvicepresidente Francisco Santos: “Llegan a ponerle un dedo encima a Uribe y se incendia este país”.
Algo cercano, pero nunca igual, escuchó el 13 de abril de 1655 el Parlamento de París de boca del quinceañero Luis XIV al asumir el trono: L’État, c’est moi (El Estado soy yo).
