Este pasaje que acaba de ocurrir con el uso de camionetas de la Unidad Nacional de Protección para transportar jefes disidentes de las Farc es la gota que rebosó la copa dentro de la acumulación de incidentes acumulados por la ‘Paz Total’.

Utilizar los impuestos de los colombianos para la financiación de una caravana de seguridad a personajes que han generado inseguridad y violencia en el país resulta siendo toda una contradicción frente a la situación que vive el país.

¿Qué razón hay para que la UNP tenga que disponer su equipo automotor, las armas del Estado y grupos de escoltas pagados con recursos públicos para darles protección a estos comandantes de bloques de la disidencia que han sembrado terror en el país?

A esto no se le puede llamar escándalo. Se le debe dar una denominación más precisa, y señalarla como una crasa equivocación y una mala utilización de los activos estatales para ponerlos al servicio de organizaciones al margen de la ley que en el pasado fueron enemigas de la paz y que han seguido manejando y controlando las economías ilegales.

Aprovechando que la UNP admitió fallas y que había disidentes que no deberían haber usado ese esquema, lo que tendría que hacer el Gobierno Nacional es suspender definitivamente la concesión de esta clase de beneficios extraordinarios que generan un entendible rechazo entre la comunidad.

Las evidencias están a la luz de todos para confirmar que esa magnanimidad no es la mejor opción, porque, por ejemplo, los jefes disidentes transportaban $60 millones en efectivo y llevaban armas y proyectiles, aparte de ir algunos de ellos con las órdenes de captura no suspendidas.

Además, surgen muchas dudas, entre la que se encuentra la relacionada con el fácil paso de la caravana de camionetas llevando a los delegados del Estado Mayor de la disidencia de las Farc, por varios departamentos y regiones del país, sin que en ninguna parte siquiera intentaran detenerla para saber de quien se trataba, como finalmente ocurrió en el retén de Antioquia.

¿Qué estaban haciendo en el Catatumbo los jefes disidentes? Es una inquietud válida que los habitantes de la zona y de Norte de Santander merecen que se responda, en momentos que crecen los temores por la extorsión y el recrudecimiento de las hostilidades contra la población civil.

El presidente Gustavo Petro y su equipo que maneja lo relacionado con los diálogos de paz deberían proceder a hacerle cambios urgentes a muchas cuestiones de forma para que sucesos de estas características no sigan ocurriendo, porque finalmente el que se afecta es el proceso de negociación.

La comunidad de los territorios golpeados por la violencia esperan que la siguiente afirmación del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, se conviertan en decisiones del Estado: “lo que sucedió este martes es inaceptable. Por el mal uso de los esquemas de protección para quienes están participando en una negociación con el Estado, serán la UNP y la Policía las que finalmente establezcan responsabilidades individuales frente a cada uno de los comandantes y la gente de las Farc”.

La ‘Paz Total’ queda maltrecha con este nuevo episodio oscuro. Esperemos que el Gobierno Nacional asuma el papel en favor de las víctimas y de los colombianos y no siga dando pasos que se interpretan como una forma de ceder ante los violentos.

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