Sin necesidad de utilizar sonómetros para medir su intensidad, el ruido excede los niveles permitidos en numerosos entornos de las ciudades, convirtiéndose en generador de contaminación y perturbador de la convivencia.

El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para bajarle el volumen a los elementos que alimentan esta época del ruido, que ojalá no se vaya a quedar por ahí sin ningún uso, sino que lo pongan en práctica.

Aunque pareciera que se trata de otra norma más para regular el comportamiento ciudadano, la verdad es que debía hacerse algo porque el 70% de las llamadas que se hacen al 123 de la Policía tienen como razón los problemas generados por  los vecinos ruidosos.

Hace más de cien años, el premio Nobel Robert Koch advirtió sobre el peligro del ruido al declarar: “Un día la humanidad tendrá que luchar contra el ruido tan ferozmente como contra el cólera y la peste”.

Y parece que nos encontramos frente a ese momento, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) maneja advertencias de que la exposición prolongada a  sonidos excesivamente altos ocasionan pérdida de la capacidad auditiva, insomnio, estrés y problemas cardiovasculares.

Ese mundo lleno de estridencia lo forman las motos con sus ensordecedores  escapes alterados, los equipos de sonido con volumen excesivo en las calles o en establecimientos comerciales, los parlantes y megáfonos para el perifoneo en las carretas que ofrecen diversos productos, los pitos de los carros, entre otros factores generadores de niveles de decibelios altamente perturbadores.

Lograr que se pongan en marcha las medidas previstas en la nueva legislación  con las correspondientes a las multas, sería una opción para que se reduzcan hechos de inseguridad como las riñas generadas por la música a volúmenes desbordados y que  afectan la tranquilidad de los residentes en esas zonas.

Es increible que se deba recurrir a acciones restrictivas para que haya un mínimo de respeto en los vecindarios, pero lo que  seguimos advirtiendo es que aquello de ser un buen ciudadano sigue siendo eso, tres palabras que se pronuncian pero no se aplican en su conjunto.

Por tal motivo, la aplicación de una sanción pecuniaria de hasta $20.8 millones a aquellas personas que persistan en poner el equipo de sonido con volúmenes excesivos es la opción para que se entienda que sí o sí deben mejorar los comportamientos en comunidad, entendiendo que la ciudadanía así como reclama derechos, también tiene deberes por cumplir.

Confiemos en que la normatividad que es concordante con decisiones como las tomadas en Cúcuta, sean acompañadas por labores educativas, de formación ciudadana y de prevención en salud.

Desde esos tres frentes hay que actuarse para que todos entendamos que convertirnos en agentes difusores del ruido conlleva a una serie de situaciones adversas que implican riesgos para la salud, la vida y la convivencia pacífica.

Tenía, entonces, razón  Robert Koch. Por lo tanto hay que esperar que esta ley empiece a desarrollarse, pero con los componentes alternativos para que la ciudadanía entienda que ha llegado el intsnta de modificar comportamientos y formas de ser, porque les estamos provocando daños a los demás y deslegitimando los cánones del comportamiento ciudadano.   

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