En Colombia, solo uno de cada diez homicidios se resuelve. Los demás, 10 mil el año pasado, quedan en la impunidad más deprimente. Solo se sabe, según estadísticas, que en 72 por ciento de todas las muertes violentas se utilizan armas de fuego, y casi todas esas muertes se deben a la acción de sicarios.

Es un apocalipsis criminal, que seguirá hundiendo a Colombia en un infierno del que no saldrá mientras el Estado permita que cualquiera tenga una pistola, y que de las armas de fuego se haga un mercado permanente que ya ni siquiera es clandestino.

Este es un país en guerra, y en los países en situaciones así, las armas se hacen indispensables para quienes toman parte en el espiral de la violencia. Pero, y este es un dato aterrador: en Colombia puede haber más de 4 millones de armas de fuego ilegales, en manos de quienes quieran tenerlas y para lo que quieran utilizarlas.

Esto, sin contar las armas amparadas por salvoconductos ni las de los órganos de seguridad del Estado, con las que también se cometen homicidios, y sin incluir los cuchillos y las navajas y toda una amplia gama de elementos de ataque y defensa, no necesariamente de fuego.

En esas condiciones, y en el estado de trastrocamiento de los valores, es apenas lógico que haya personas —muchas más de las que uno imagina— dedicadas de modo profesional a matar. El sicariato, es decir, ese diabólico fenómeno de alguien que mata por un salario, es una institución muy arraigada. Y, como tal, muy difícil de erradicar.

Este del sicariato es un fenómeno cultural surgido hace unas tres décadas, que deja enormes ganancias a los criminales. Tantas, que incluso hay empresas dedicadas a esa obscenidad. Oficinas de cobro, las llaman con un eufemismo cretino e infame, y funcionan abiertamente. Informes oficiales indican que en Cali y Medellín hay 22 en cada ciudad, que ofrecen un aberrante catálogo de servicios en los que, degenerados, los criminales detallan desde el precio de una vida hasta el método para eliminarla, pasando por el número de operarios necesarios para cada operación.

En esas oficinas, una vida se tasa por menos de lo que cuesta una pistola: 200 mil pesos colombianos, es el mínimo que cobran por matar a alguien. Desde luego, en otras pandillas, especializadas en personajes y peces gordos, las tarifas pueden llegar a ser casi estratosféricas.

Cabe una pregunta: ¿qué pasaría con las cifras de homicidio si se cancelan los salvoconductos y se decomisan las armas y a todo el que tenga una se le imponen las sanciones más drásticas posibles? Sin duda, se reducirían de manera considerable.

Acá no hay, como por ejemplo en Estados Unidos, poderosas corporaciones que hacen lo que sea en defensa del porte y uso de armas por civiles, que a su amaño usan la Constitución para defender sus multimillonarios intereses generados por las fábricas de armamento.

Pero, la falta de voluntad política desempeña el mismo papel de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos: mantiene las armas de fuego circulando entre los ciudadanos, y estimulando su uso en muchos momentos de la vida de cada uno.

Una ley, por breve que sea, proscribiendo la fabricación, comercio, porte y uso de armas de fuego le hará a Colombia más bien que las millonadas que se gasta la Policía en batidas y en campañas de desarme, que non conducen a nada diferente de despertar el interés de otros en armarse.

Muchos episodios de la actual guerra tienen su explicación en el uso apresurado o equivocado o inoportuno de un arma. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad al desarme general? Así, se desactivarán dos guerras.