En el silencio en el que se expresa la ignorancia y se lanzan con confianza los ataques mejor calculados, comenzó ayer la Semana de los Pueblos Indígenas.

Muy pocos colombianos están enterados, pero entre los pocos que lo están, se cuentan quienes quieren arrancarles a los pueblos aborígenes lo escaso que les queda aún de su herencia ancestral, es decir, su cultura, su autonomía y su manera de ver y comprender el mundo. Su cosmovisión.

Un pueblo es su cultura, única e irrepetible, ni inferior ni superior a cualquiera otra; todo lo demás es adherencia, resultado de muchas circunstancias en las que, por razón de su misma existencia, entra en contacto con otros pueblos, otras culturas.

Sin embargo, nada más provocativo para algunos pueblos que intentar dejarles su cultura en herencia a otros pueblos, recurriendo para lograrlo a cualquier medio, la guerra y la destrucción incluidas.

Otros recurren a artimañas legales y argumentos sibilinos, para justificar lo que no tiene justificación: arrebatarle a los pueblos aborígenes colombianos, por ejemplo, sus costumbres de milenios, con el pretexto de que deben someterse a una ley que no es de ellos, que no quieren, y que se les quiere imponer por encima de la suya.

Estos días, ayer, para ser precisos, voceros del gobierno hablaron en favor de la justicia ordinaria para procesar a indios que han actuado con conductas consideradas delictivas, supuestamente porque la justicia india no garantiza un castigo de acuerdo con los códigos que maneja el sistema judicial ordinario.

Esto, mientras se perfeccionan mecanismos para que los militares tengan una justicia especial, particular para ellos, que sancionará conductas delictivas cometidas por soldados en función del servicio y las excluirá de la esfera de la justicia común.

¿De dónde sacaron, los críticos de la justicia tradicional, que las comunidades indias no castigan delitos graves con el rigor que merecen? Azotar en público a un reo es, quizás, la mayor de las humillaciones, y desterrarlo, una pena casi capital. Son castigos que para los indios son terribles y suficientes, aunque para el resto de los colombianos no lo parezcan.

La justicia tradicional india está garantizada por la propia Constitución, como consecuencia de la autonomía de los pueblos indios, también adoptada por la Carta, y desde ese punto de vista no se entiende que se pretenda respetar una, pero no la otra, solo porque a algunos no les parece que el castigo no sean eternidades en una cárcel.

No es de buen recibo llevar el debate bien atrás, pero, en aras de la discusión, se puede preguntar cual fue primero en estos territorios, ¿la justicia aborigen o la de los europeos y, como consecuencia, la actual, igualmente adoptada en la Constitución?

Y, siguiendo esta lógica, ¿qué tan segura está Colombia de que las conductas que se reprochan a los indios no son aprendidas, cuando no inoculadas e impuestas por el resto de la sociedad?

La sífilis llegó de Europa; es probable que algunas formas delictuales que hoy practican los indios también hayan llegado con las oleadas de la invasión, ¿o no?

Y, en este caso, ¿cuál parte de la sociedad es, en últimas, la responsable?

Los 400 mil indios que aún sobreviven, son la prueba de la mitad de nuestro origen: somos 50 por ciento aborígenes y 50 por ciento foráneos. El hecho de que nuestra mitad raizal sea cada vez más pequeña, más indefensa, no puede significar su destrucción total. Y destruir su cultura es matarla.

¿Es esto lo que se pretende? Ojalá hubieran escogido para el debate otra época, no ésta, en que se dispone de una semana para dedicarla a los pueblos indígenas. Pero, ¿a cuáles, si se les quiere arrebatar su herencia, y un pueblo sin cultura no es un pueblo?