Esa pobre viejecita de fábula que no tenía nada qué comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez era, en realidad, una pobre viejecita, comparada con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que reemplazó a la ultracorrupta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Esta SAE no tiene casi nada de lo que le corresponde, pero, además, no tiene la menor idea de cuáles son los bienes que debiera tener ni cuáles son los corruptos que los disfrutan a sus anchas, sin rendirle cuentas a nadie… ni a su conciencia.

En términos generales, porque no es posible hacerlo más en concreto, a la SAE le pertenecen unos 20 mil inmuebles de todo tipo, unos 11 mil 650 autos y unas mil 590 sociedades, todo, decomisado a los narcotraficantes colombianos y entregado a un grupo de 280 depositarios, de los cuales 244 no aparecen.

Es el reflejo de la administración pública, que desde hace muchos años no tiene ni la menor idea de cómo manejar los bienes del Estado ni la más pequeña posibilidad de hacerlo bien: la corrupción puede más que cualquier buena intención de acertar.

Son tan burdas las actuaciones de los funcionarios encargados de decomisar los bienes de los delincuentes y de entregarlos al Estado, tan informales los métodos, que parece imposible que algún día se sepa, con exactitud, el monto de lo que valen los miles de bienes quitados a los narcotraficantes.

Lujosas haciendas han sido entregadas a políticos a través de sus amigos, y han sido explotadas por años, sin que los responsables hayan rendido cuentas de los beneficios que han generado esos bienes. Los 244 depositarios que todavía no rinden cuentas, no solo guardan silencio, sino que muchos ni siquiera aparecen.

Si hay 6 mil carros que no aparecen por parte alguna, ¿cuántos otros bienes, como obras de arte, semovientes, joyas, dólares, euros, etcétera, decomisados a los capos y a los jefes de bandas desaparecieron de manos del Estado por acción de sus propios funcionarios? Jamás se sabrá.

La culpa de la realidad actual no es, ni mucho menos de la SAE, sino de uno de los organismos más corruptos creados por el Estado para combatir el crimen: la DNE, una prueba incontrovertible de que quien anda entre lobos a aullar aprende: de tanto tener que ver con los bienes decomisados a los narcotraficantes, terminó entregándolo casi todo a una mafia política que los creyó suyos y aún los disfruta a sus anchas.

La SAE, en realidad, está tratando de establecer lo que ha ocurrido. Pero, no le ha sido fácil: según la investigación, a unos depositarios no les entregaron los bienes asignados, y otros recibieron bienes que nunca les fueron asignados. Otros bienes les fueron dejados en administración a los mismos delincuentes a los que se los quitaron.

Según la gerente de la SAE, María Virginia Torres, “se perdieron muchas cosas”, de las que ya no será posible conocer nada, ni siquiera los nombres de las personas a las que les fueron entregadas, y otras, que fueron borradas de los listados internos de la DNE por funcionarios de la entidad.

El hecho de que la SAE tenga bienes que fueron  decomisados hace 20 años y más y cuyos procesos de extinción de dominio aún no hayan terminado, indica el descomunal nivel de desgreño oficial, y en él caen todas las esferas del gobierno, incluyendo, por supuesto, funcionarios de la Justicia.

Ha sido, en síntesis, una feria inmensa con bienes del Estado, de la que se han beneficiado muy pocas personas a las que les cayó el premio gordo de una lotería que decidieron políticos y funcionarios corruptos.