Al escuchar y leer los testimonios de las víctimas de la trata de personas, publicados en un trabajo periodístico de La Opinión no se sale del asombro al advertir que la esclavitud no se ha ido sino que muta y se transforma mediante esa práctica ilegal.

Más de 125.000 víctimas de trata se han identificado oficialmente en todo el mundo, si bien se cree que el verdadero número es significativamente mayor debido a que muchos casos no se informan y además hay brechas en la detección. De los identificados, cerca de 30.000 son menores, lo cual significa que casi 1 de 4 víctimas detectadas globalmente, es un menor, reseña la  Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En las diferentes modalidades hay una que se destaca en la actualidad, correspondiente a la criminalidad forzada mediante la cual son obligadas  las víctimas a  cometer delitos en línea.

Será tan peligrosa, que la ONU, OIM y la UNODC se unieron para alertar sobre el crecimiento de esta modalidad de delito que hasta el primer trimestre del año pasado se identificaron víctimas tratadas desde 66 países.

Es notorio el uso de las tecnología y las redes sociales para seguir atrapando a personas con fines de explotarlas bien sea con el propósito de someterlas sexualmente, imponerles trabajos forzados, llevarlas a la esclavitud y servidumbre, la mendicidad forzada, el matrimonio forzado o servil, tráfico de órganos, tejidos y células,  lo mismo que a la pornografía y explotación sexual en línea.

Es delincuencialmente amplio el  portafolio criminal para acorralar a personas que por diversas circunstancias se vuelven presa fácil de estas organizaciones, hecho del cual Norte de Santander es uno de los protagonistas.

La razón para que haya una alta exposición es por cuestiones territoriales, puesto que un documento de la Defensoría del Pueblo identificó que más de un tercio de las atenciones por trata de personas se concentró en el departamento, particularmente en Cúcuta (25,4%) y Tibú (10,1%), municipios marcados por las dinámicas de frontera, economías ilícitas y conflicto armado.

Ahora debe esperarse que se haga efectiva la Ley 2608 del 27 de julio de 2026 por la cual se fortalece la legislación frente a la lucha contra la trata de personas, se combate el uso de medios digitales para  ejecutar dicho delito que tendrá condenas de entre los trece y veintitrés años de cárcel.

E igualmente se requieren acciones concretas en la superación de problemas como la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas que se convierten en caldo de cultivo para facilitar la captación de víctimas por parte de las organizaciones delincuenciales.

Las condiciones de miseria y la falta de opciones llevan a que muchos caigan, por ejemplo, en engañosas ofertas de empleo que detrás tienen la esclavitud sexual o de servidumbre, bien sea en Colombia o en otros países.

Luego la desigualdad, la migración y el conflicto si no se detienen continuarán siendo el señuelo perfecto para que la trata de personas persista en sus diferentes modalidades, asunto que de todas formas requiere también mucha denuncia y suficiente acción contundente de las autoridades policiales y judiciales para desvertebrar esas organizaciones, proteger los derechos humanos de las víctimas y condenar a los responsables.

Y con este testimonio de una víctima cerramos la nota: “me llevaron para un sitio diciéndome que me iban a dar un buen empleo, iba a ganar buenos ingresos, me iba a ir superbién, pero fue mentira. Eso fue en 2025. Me aseguraron que no iba a trabajar en nada de sexualidad, me llevaron para allá y ahí me pusieron a prostituirme, fue peor que en Cúcuta”.

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