El accidente más reciente de una mina en Riosucio, Caldas, en el que murieron 15 personas –los dos últimos cuerpos fueron rescatados ayer– deja en evidencia que la lucha contra la minería ilegal en el país no se está asumiendo con la seriedad que se requiere.

El rescate de todos los cuerpos se prolongó por 13 días en los que los organismos de socorro fueron encontrando paulatinamente los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en un socavón a orillas del río Cauca, cuando este se inundó porque la motobomba que succionaba el agua se quedó sin energía eléctrica.

No se trata del primer accidente en minas ilegales que se registra en el año. En febrero ocurrió en ese mismo departamento, en una mina en Marmato, en la que murieron dos trabajadores y otros cinco resultaron heridos por una explosión dentro de un socavón.

En el 2014 una de las tragedias ocurrió en Amagá, Antioquia, donde murieron atrapados 12 mineros. Otros 12 murieron el 30 de abril de 2014 en una mina a 15 minutos de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca.

Igual suerte corrieron mineros de Iscuandé, en Nariño, otro de los tantos departamentos de Colombia afectados por este fenómeno. En nuestro departamento también han ocurrido varios accidentes en minas de carbón, aunque por fortuna ninguno recientemente.

Según cifras oficiales, la minería ilegal está presente en 233 municipios, en 24 departamentos del país, cerca del 70 por ciento del territorio y se ha convertido en un verdadero desafío para el Estado, pues la explotación, en el caso puntual del oro alcanza una rentabilidad igual o superior a la de la coca.

Por eso, la lucha frontal que le declaró el Estado en 2012 no solo desde el punto de vista de defensa, sino también desde el legal, modificando la legislación para conseguir penas más contundentes, quizás no ha dado los resultados esperados.

Y es que no se trata de una lucha cualquiera, pues los intereses que se mueven detrás de este millonario negocio están relacionados con grupos ilegales de guerrilla o bandas criminales, cuyo poder en los territorios que dominan se ha ido consolidando.

Esta práctica ilegal entonces, no solo sigue cobrando vidas en distintas zonas del territorio nacional, sino que además se ha constituido como una amenaza letal para el medio ambiente.

Las razones para convertir el tema en una prioridad son más que suficientes y quizás el estado Colombiano deba asumir la lucha de este flagelo que cada día toma más fuerza con mayor  contundencia, para evitar que tragedias como la de Riosucio se sigan repitiendo.

Combatir el avance de la minería ilegal es inminente y dotar a las autoridades de herramientas legales y jurídicas para reforzar su lucha es una necesidad, especialmente por que este lucrativo negocio podría convertirse en la génesis de nuevas estructuras ilegales y criminales.

Desde cualquier frente que se aborde, es evidente que esta es una prioridad para todos, especialmente para los hombres y sus familias que, ante la falta de oportunidades, hoy se ganan el sustento arriesgando la vida en una artesanal mina de las montañas de Colombia.