Por eso, se impone la necesidad de exigir el máximo de responsabilidad y de transparencia, en una gestión que de todas maneras debe conducir a encontrar la solución definitiva al viejo y creciente problema de la saturación de taxis.
Para las empresas, todos suman unos 8 mil, lo que contrastado con las cifras oficiales que se conocen indicaría que hay unos 2 mil taxis ilegales que trabajan sin control en el Área Metropolitana. Pero, para las autoridades, el total es de 5 mil 700.
La realidad es que ni los empresarios ni las autoridades saben con exactitud cuántos son los taxis que recorren las calles de Cúcuta y municipios vecinos. Las dos partes solo conocen que la piratería es un fenómeno marcado y creciente en el sector del transporte urbano. Pero tampoco saben de sus dimensiones.
Y todas las razones para explicar el fenómeno ilegal se sintetizan en una sola: la corrupción generalizada, es decir, de autoridades y de transportadores (no todas ni todos), que se traduce en acciones como otorgar licencias de cupos por debajo de la mesa, o incluso de manera abierta; omisiones como no darse cuenta de que los taxis viejos no van directo a los desguazaderos para que los conviertan en chatarra, o negligencia y complicidad que impiden aplicar las normas a los transportadores piratas.
Otorgar licencias ha sido, desde hace largos años, una costumbre arraigada entre los alcaldes que con ellas pagan los favores políticos y los apoyos económicos durante la campaña. Los alcaldes mismos se labran así, con taxis, una forma de generarse ingreso durante las épocas de vacas flacas o cuando llegue el retiro. Así, el parque de taxis se incrementa en algunas ciudades hasta cifras exageradas.
Al parecer, en el Área Metropolitana de Cúcuta, en algunas administraciones locales se ha aprovechado el pretexto de la ciudad ampliada para otorgar cupos de taxis por decenas, en poblaciones que se bastarían con uno o dos.
El hecho claro es que, reiteradamente y de todas las formas posibles, voceros de los transportadores denuncian el impacto creciente de la piratería en la industria y, obviamente, en sus intereses económicos.
Los piratas son conductores que usan autos pintados del mismo color de los taxis autorizados, otros que destinan sus vehículos particulares a cubrir rutas fijas, y hasta motociclistas que les sirven a los vecinos de los barrios a donde no van las empresas legales.
Cúcuta parece tener más taxis de los que necesita. Esa es la impresión que a diario deja cualquier calle céntrica en un día laboral cualquiera; en muchos cruces de calles, por momentos hay más autos amarillos que de los demás.
Pero, en relación con la realidad, las discrepancias entre los transportadores y las autoridades son notables: entre los 8 mil de los taxistas y los 5 mil 700 de las autoridades hay una cifra que no parece representar la realidad de la piratería.
Para establecer la verdad, tanto el Área Metropolitana como los empresarios decidieron hacer censos simultáneos de taxis: hasta ayer había contabilizados 6 mil 670, de los cuales 5.147 ya tienen en sus puertas una calcomanía con un número, y en el parabrisas un chip con la identificación completa del auto.
Nadie duda de la idoneidad de quienes están realizando el conteo, pero igual, nadie tiene la plena seguridad de que todo se hará con la absoluta transparencia que exigen estas situaciones. Sanear algo como el transporte, una actividad en la que hay costumbres que riñen con la ética y la ley, no es fácil ni deja en la gente la satisfacción y la tranquilidad que se buscan.
Por eso, se impone la necesidad de exigir el máximo de responsabilidad y de transparencia, en una gestión que de todas maneras debe conducir a encontrar la solución definitiva al viejo y creciente problema de la saturación de taxis.
