Con el estupor todavía rondando frente al vil asesinato de nuestro colega Cristian Hernando Herrera, el contexto latinoamericano y colombiano nos comprueba los peligros que asedian la libertad de prensa.
Un informe correspondiente a 2025, elaborado por la Red de Voces del Sur, reporta el asesinato de 23 periodistas en América Latina y el Caribe, nueve más que en 2024.
Podemos concluir que persiste un indetenible deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en la región por el aumento de la violencia letal, las agresiones físicas, verbales y digitales, las obstrucciones de acceso a la información, el hostigamiento judicial y la estigmatización desde diversos frentes.
Sobre dicho particular, para la red regional el deterioro sostenido de la libertad de prensa en América Latina refleja un debilitamiento de las democracias. “La violencia contra la prensa no disminuye sino que se transforma y se sofistica”, observa el análisis.
De acuerdo con el informe, Colombia sumó 468 casos registrados, seguido por México (400), Argentina (278) y El Salvador (205), siendo los primeros en el oprobioso podio de los ataques directos e indirectos a periodistas y medios en 17 países.
La Red Voces del Sur, al exponer el caso colombiano, dejó dos advertencias:
-La reconfiguración del conflicto armado, la expansión de grupos ilegales y la insuficiente respuesta estatal han profundizado los riesgos para los periodistas en el país.
-Solo en 2025, al menos 22 periodistas tuvieron que abandonar sus territorios para proteger sus vidas, consolidando a Colombia como el país con más casos de desplazamiento forzado de periodistas.
Y este año todo sigue peor. Asesinaron a Cristian Herrera, quien se convierte en el periodista número 170 asesinado en el país entre 1977 y 2026, por razones asociadas a su labor informativa, recordó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
El gremio periodístico sacudido por la muerte violenta de Herrera, quien por más de 20 años estuvo vinculado a La Opinión, en este momento no entiende la razón para que no se haya adoptado la política pública de garantías para la labor periodística.
Construida entre 2023 y 2024 -como lo recuerda la Flip-contempla la prevención, no estigmatización y atención a la labor periodística como garantía democrática; el fortalecimiento de mecanismos para el respeto y la promoción de la libertad de expresión y la creación de entornos informativos libres, plurales y accesibles.
Sería muy grave que en estos momentos en que acaba de ocurrir otro crimen contra el derecho a informar, el Gobierno nacional no expida este plan a través del Ministerio del Interior.
Esperemos que las fibras de la sensibilidad gubernamental colombiana reaccionen, porque en lo corrido de 2026 también hay muy malas noticias: dos periodistas asesinados, uno secuestrado, además de 42 amenazas, 24 obstrucciones al trabajo informativo y 19 estigmatizaciones, como lo precisa la Flip.
Pero si lo anterior no resulta suficiente, entonces recordemos el dramático dato de Reporteros Sin Fronteras, según el cual, a nueve periodistas los han asesinado desde que comenzó el mandato del presidente Gustavo Petro.
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