El Acto Legislativo 02 de 2017 notifica que las autoridades del Estado deben cumplir de buena fe lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz. Las estructuras jurídicas de ambos, siguen plenamente vigentes y, por lo tanto, deben aplicarse y respetarse.
Sin embargo, hoy las 20 emisoras de paz que surgieron de ese marco legal, entraron en un limbo donde solo les permiten difundir música programada desde Bogotá al serles suspendida -temporalmente- toda la programación local que emitían.
Muy bien lo recuerdan la Fundación de Libertad de Prensa, la Misión de Observación Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias al precisar el origen de las mismas.
Dichas organizaciones precisaron que las emisoras de paz no son una decisión editorial o administrativa de Radio Nacional, puesto que fueron creadas en cumplimiento del numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz para operar en zonas afectadas por el conflicto armado.
Son tan llamativas las iniciativas que se difunden en ellas, que por ejemplo en 2021 se le entregó el galardón de la Bagatela a la emisora de paz de Convención por el reportaje sobre el trabajo cotidiano de un personaje que construye paz y tejido social para la provincia de Ocaña y el Catatumbo.
Además, la importancia de estas radios igualmente se mide en su cobertura, al beneficiar a más de 463.000 personas de las áreas rurales compuestas por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).
Y son la misma Flip, MOE y la organización de radios comunitarias quienes dejan esta alerta: “sin programación local, las comunidades no se pueden enterar de manera oportuna sobre hechos que pueden afectar su seguridad”.
¿Cuánto tiempo va a durar esa orden de no emitir programas culturales, pedagógicos, ambientalistas e informativos en las emisoras de paz?, es la pregunta que Inravisión y el Ministerio de las TIC debieran resolver, prontamente.
Ya la Flip expuso su argumento de que suspender “de manera generalizada su programación informativa y territorial” de las emisoras de paz no resulta idóneo, necesario ni proporcional para revisar sus contenidos.
Qué dice el Gobierno nacional al planteamiento de que una reorganización puede hacerse con alternativas menos restrictivas, y no puede desconocer su función de interés público.
Lo único que se sabe es que en los medios públicos la nueva directriz apunta a una programación centrada en cultura, educación, arte y regiones, pero no se hacen precisiones en cuanto a las emisoras de paz que funcionan en Norte de Santander, Antioquia, Tolima, La Guajira, Bolívar, Arauca, Huila, Putumayo, Chocó, Valle, Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá, Nariño, Magdalena, Córdoba y Cesar.
Pero además, les corresponde a ambas instituciones mencionadas emitir, por lo menos, una declaración para bajarle el volumen a la peligrosa estigmatización que contra esas emisoras y sus colaboradores se ha desatado por las redes sociales, al tildarlas de estar al servicio de los grupos armados ilegales.
La degradación del debate a esos extremos no se puede permitir ni tolerar, frente a unos medios que cuentan con un respaldo legal para su operación y un reconocimiento internacional por su labor de llevar esperanza a través de historias de reconciliación, paz y cultura.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
