En los últimos 15 años, Norte de Santander se ha ubicado entre los cinco departamentos que presentan el mayor número de casos denunciados por desaparición forzada. En esta misma lista se encuentran Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Meta.

De acuerdo con Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, con corte al 31 de julio del presente año se han denunciado 32 casos de desaparición forzada en el departamento, de los cuales el 50 % ha ocurrido en Cúcuta y el área metropolitana.

El director aseguró que 2026 ha sido uno de los años en los que se ha reportado el menor número de casos. Sin embargo, también destacó que en años anteriores, como 2018, la cifra alcanzó las 346 denuncias.

“Los municipios que concentran el mayor número de casos de personas desaparecidas son Cúcuta, Tibú, Villa del Rosario, El Tarra y Ocaña”, precisó Cañizares.

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Asimismo, aclaró que los datos que maneja la Fundación Progresar corresponden a cifras tomadas de investigaciones abiertas de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia y el Instituto Nacional de Medicina Legal, además de los casos que la organización ha acompañado directamente a familiares de las víctimas.
 
Los actores detrás 

Aunque los responsables de estos hechos son, en su mayoría, desconocidos, la Fundación Progresar informó que un número importante de casos está relacionado con grupos paramilitares. 

“Aquí caben las autodefensas y grupos sucesores del paramilitarismo, como Los Rastrojos, Los Urabeños y paramilitares de la frontera”, añadió la entidad.

Igualmente, entre los responsables se encuentran algunas bandas delincuenciales locales, como La Línea y, en menor medida, las guerrillas del Eln y las Farc.

Impacto en las comunidades 

Defensores de derechos humanos calificaron la desaparición forzada como un delito atroz e indicaron que, a nivel internacional, también está considerado un delito de lesa humanidad. 

Sobre las consecuencias que causa en las comunidades, señalaron que tiene un fuerte impacto, pues genera temor y también fractura los procesos y las luchas sociales de la ciudadanía. Con respecto al actuar de las autoridades, Wilfredo Cañizares señaló que no ha existido voluntad del aparato judicial para avanzar en las investigaciones por desaparición forzada, lo que, a su juicio, ha generado niveles de impunidad alarmantes.

Adicionalmente, comentó que otras entidades responsables de la atención y el acompañamiento a los familiares tampoco han mostrado una voluntad real y se han limitado a recibir y remitir estos casos.

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“Esto es preocupante porque, además, este delito tiene una característica especial de imprescriptibilidad; es decir, esos casos nunca prescriben hasta que sean esclarecidos. 

Por lo tanto, la responsabilidad del Estado es seguir activo en la búsqueda, localización, identificación y devolución en condiciones dignas a los familiares”, concluyó Cañizares.

Los encontrados 

En el marco En el marco de la medida cautelar establecida mediante el Auto 069 de 2021, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha adelantado más de 20 intervenciones en el Cementerio Central de Cúcuta.

Estas acciones, que comenzaron en diciembre de 2022, permitieron recuperar, con corte a 2025, 592 cuerpos con características asociadas al conflicto armado en este camposanto. A nivel regional —Cúcuta, Barrancabermeja y Bucaramanga—, la cifra asciende a 718 cuerpos recuperados, los cuales han sido trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal para su identificación y posterior entrega digna a sus familias.

Pese a estos avances, persiste una brecha significativa. Aunque se estima que al Cementerio Central de Cúcuta ingresaron al menos 695 cuerpos de posibles víctimas de desaparición, solo se han registrado 120 solicitudes formales de búsqueda vinculadas a este lugar.

A ello se suma que en Norte de Santander todavía se adelanta la búsqueda de al menos 5.524 personas dadas por desaparecidas, lo que refleja la dimensión del desafío humanitario en la región.

Frente a este panorama, la UBPD reiteró el llamado a la ciudadanía: “La búsqueda es un proceso vivo que requiere de la participación ciudadana. Aunque contemos con la capacidad técnica para los abordajes forenses y se lleven a cabo hallazgos importantes, necesitamos que las familias nos orienten con información sobre sus procesos de búsqueda y aporten sus muestras de ADN para avanzar con la identificación de los cuerpos recuperados”.

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Frente a los hechos de violencia que han afectado al departamento, el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander expresó su preocupación e hizo un llamado a todos los actores armados del conflicto a respetar la vida, la integridad y los derechos de la población civil, así como las normas del Derecho Internacional Humanitario.

“Las comunidades no pueden continuar siendo víctimas de la confrontación armada ni seguir asumiendo el costo de la guerra. También exigimos la libertad inmediata de todas las personas que hoy se encuentran en poder de los actores del conflicto armado”, señalaron.

Además, el consejo reiteró su compromiso con la vida, la reconciliación, la convivencia, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una paz estable y duradera en Norte de Santander.

En este sentido, recalcó que la violencia no puede ser el camino y que, por el contrario, el diálogo debe prevalecer como salida política al conflicto armado.

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