“(El presidente colombiano) ya solicitó al Ministerio de Guerra que se sume a la lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”. Esto dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el pasado 12 de agosto de 2026, tras el encuentro en Panamá en el que participó el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora, y el senador Bernie Moreno, y en el cual se formalizó la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas.
Ya el presidente Abelardo de la Espriella, incluso antes de asumir el Gobierno, había anunciado una dura ofensiva militar contra las organizaciones criminales. En su primer mensaje como mandatario cerró toda puerta a nuevas negociaciones con los grupos armados y dio orden expresa a la Fuerza Pública de combatir a estas estructuras.
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Advirtió textualmente: “Tienen dos caminos, someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza del Estado”. Este mensaje dejó por sentado un quiebre con la política de negociación que impulsó el saliente gobierno de Gustavo Petro, pero también anticipó la necesidad de recuperar la autoridad por medio de una ofensiva directa del Estado en los territorios donde tradicionalmente hacen vida estos grupos armados.
Ahora, la gran pregunta que quedó en el aire es si, ¿jurídicamente es viable la posibilidad de que fuerzas militares de Estados Unidos apoyen operaciones contra el narcotráfico en Colombia?
La respuesta al interrogante anterior es sí, siempre que exista el consentimiento del Estado colombiano y se respeten los límites establecidos en el acuerdo de cooperación.
Sobre este aspecto, Fabián Cárdenas, internacionalista, consultor y profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que el derecho internacional parte del principio de la soberanía estatal, por lo que cada país tiene la facultad de ejercer su ordenamiento jurídico dentro de su territorio. A partir de ese marco, señaló que “es posible que un Estado voluntariamente solicite ayuda militar a otro Estado”.
El especialista estableció una diferencia entre la situación de una intervención militar sin autorización, en la que a su juicio, habría una actuación indebida si Estados Unidos emprendiera acciones “en contra del consentimiento del Estado que gobierna en el territorio”.
En el caso colombiano, sostuvo, el escenario es distinto, porque el Gobierno ha confirmado que solicitó cooperación militar estadounidense para combatir el narcotráfico.
Sin embargo, hizo una advertencia en cuanto a que las operaciones deben tener límites claros. Entre los que señaló, dijo que dichas operaciones deben concentrarse exclusivamente en los objetivos acordados, en este caso la lucha contra el narcotráfico; deben desarrollarse dentro del territorio definido en el acuerdo y, sin dudarlo, las fuerzas estadounidenses deberían someterse al mando y comando de las Fuerzas Armadas de Colombia, sin realizar operaciones independientes.
Además, planteó que toda operación debería contar con un control posterior por parte de las autoridades militares colombianas. Por ello, invitó al Gobierno a suscribir “un acuerdo de cooperación mucho más específico”, donde se establezca cada una de esas condiciones.
“Toda operación militar que realice Estados Unidos en el territorio colombiano deberá también estar sujeta a un control posterior por parte también de las Fuerzas Armadas de Colombia”, precisó.
Para Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, más allá del procedimiento, el contenido del eventual acuerdo resulta determinante.
Sostiene que deben quedar establecidos de manera expresa “todos los límites, cuáles son los lugares, qué es lo que se va a hacer” y los parámetros para evitar abusos. En particular, considera que el mando de las operaciones debe quedar siempre en manos de Colombia.
El profesor diferencia una operación conjunta, con apoyo tecnológico, logístico o de inteligencia, de una intervención directa de tropas extranjeras.
En su escenario ideal, Colombia podría aprovechar capacidades estadounidenses como radares, satélites e inteligencia, “sin que haya necesariamente ingreso de soldados estadounidenses al territorio”.
Aprobación del Congreso, ¿sí o no?
Ahora bien, la otra duda que ha suscitado la propuesta del Gobierno es si, ¿es necesario que el Congreso apruebe o no estas operaciones conjuntas?
Fabián Cárdenas, internacionalista, consultor y profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, consideró que no sería necesario, para lo cual explicó que el presidente como comandante de las Fuerzas Militares y jefe de las relaciones internacionales del Estado, puede solicitar este tipo de cooperación.
Pero, advirtió que la Constitución podría verse excedida si se concedieran competencias generales a las fuerzas estadounidenses o se desconocieran los límites establecidos.
Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, por su parte, explicó que el aspecto central es determinar bajo qué figura jurídica se concreta la cooperación.
A su juicio, “debe hacerse un tratado, que es un acuerdo internacional”, aunque existe la posibilidad de acudir a un acuerdo en forma simplificada, siempre que cumpla condiciones específicas.
Estos acuerdos simplificados no requieren, en principio, pasar por el Congreso ni por la Corte Constitucional. Sin embargo, Abello advierte que deben estar sustentados en un tratado marco y no generar nuevas obligaciones para el Estado colombiano. Si no se cumplen esas condiciones, considera necesario el trámite de un tratado formal, con aprobación del Congreso y control constitucional.
El académico también puso el foco en la presencia de tropas extranjeras. Según explicó, “todo paso de tropas extranjeras debe tener autorización del Senado”. En caso de que el Congreso esté en receso, señaló que la autorización corresponde al Consejo de Estado.
La responsabilidad frente a eventuales violaciones de derechos humanos también recaería, según Abello, en el Estado colombiano. Si este no previene, investiga, sanciona y repara los hechos, el caso podría llegar al sistema interamericano.
“El responsable es el Estado colombiano, por cualquier cosa que suceda allí. Ya si el Estado colombiano no cumple con esas obligaciones internacionales de prevenir, de investigar, de sancionar, de reparar y las garantías de no repetición el caso de violación de derechos humanos podría llegar a la Comisión Interamericana y eventualmente llegar a la Corte Interamericana”, indicó.
El profesor advierte que una autorización para que tropas estadounidenses realicen ataques por cuenta propia representaría “una pérdida total del control de esa autonomía del poder en Colombia”. Por ello, aunque reconoce la potestad de ambos Estados para cooperar, insiste en que cualquier acuerdo debe preservar el control colombiano sobre las operaciones y evitar una injerencia extranjera.
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Por ahora, el anuncio no ha pasado de ser solo eso, un anuncio y no se conocen mayores detalles de cómo sería el proceder del Gobierno frente a la eventual cooperación militar de EE.UU. Sin embargo, es probable que con la nueva cúpula militar ya definida, el jefe de Estado empiece a concretar su estrategia de enfrentar a los grupos armados y los carteles del narcotráfico.
Senado citará a los ministros
La presencia y actuación de tropas de Estados Unidos en Colombia llegará al debate de la Comisión Segunda del Senado, donde fueron citados los ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para explicar los alcances de la presencia militar extranjera anunciada la semana pasada.
La citación fue promovida por el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, quien considera necesario ampliar la convocatoria a otras autoridades para conocer detalles sobre la operación. Entre los funcionarios que solicita que participen están el comandante general de las Fuerzas Militares, el director general de la Policía Nacional, el procurador general de la Nación, la fiscal general y la defensora del Pueblo.
Para Correa, el Congreso debe contar con información precisa sobre el número, procedencia y funciones del personal extranjero que se encuentra o podría llegar al país. Por ello, pidió que durante la sesión se aclare si, además de los militares estadounidenses cuya presencia fue autorizada, habrá uniformados de otras nacionalidades.
“Es urgente saber la nacionalidad, objeto, duración y ubicación del personal extranjero”, sostuvo el senador.
La discusión busca establecer cuáles son las misiones asignadas a estas tropas, cuánto tiempo permanecerán en territorio colombiano y bajo qué condiciones operarán, en medio del debate sobre los límites de la cooperación militar internacional y la soberanía nacional.
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