El 31 de mayo de 2023 entró a la galería de aquellas fechas difíciles de olvidar por los acontecimientos ocurridos, que en este caso tuvo que ver con la avalancha que destruyó viviendas, fincas, escuelas, hoteles, acueductos en El Tarrita y zonas aledañas, generando el cierre por más de cuatro meses de la carretera Ocaña-Cúcuta, a causa de los graves daños en la infraestructura vial.
Para el martes está prevista la reapertura del paso de vehículos de pasajeros y de carga, hecho que significa un alivio para la economía regional por los sobrecostos a raíz del mayor tiempo para la movilización de las mercancías y las complicaciones para los viajeros que se gastaban hasta el doble de tiempo y dinero para llegar a sus lugares.
Cuando todo retorne a la relativa normalidad por la carretera, aparecerán en el ambiente dos asuntos que merecerán toda la atención del caso por parte de las autoridades administrativas nacionales y departamentales.
Por un lado está la situación de las familias damnificadas por el desastre natural y luego las millonarias inversiones que se deberán hacer para recuperar la infraestructura que hoy fue reemplazada con puentes militares.
En el primer caso son aproximadamente 300 las familias que quedaron en completo desamparo al perder sus viviendas, parcelas y negocios que fueron arrasados por los 550.000 metros cúbicos de lodo que cayeron en la zona afectada.
La solución para quienes perdieron todo en esa emergencia desatada en la parte alta de Villa Caro y que llegó hasta Ábrego, debe entrar entonces en el radar de los organismos competentes en materia de financiación, adquisición de predios para el proceso de reubicación, la construcción de vivienda, la reconstrucción de los servicios públicos y levantar de nuevo los establecimientos educativos que también quedaron sepultados por el gigantesco deslizamiento.
E igualmente la recuperación de la economía en esa área es fundamental para que los habitantes puedan salir adelante, puesto que muchos tienen deudas con los bancos y la mayoría se quedó sin ninguna posibilidad porque perdieron sus negocios.
Le corresponde a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo comenzar, ahora sí, a ponerse manos a la obra para la puesta en marcha del programa especial de salvamento de las personas en esa parte de Norte de Santander, desde el punto de vista de la estructuración de las soluciones reales y definitivas.
En esta misma misión tienen que ponerse desde ya la administración departamental y la dirigencia política y económica para que los dos puentes metálicos montados provisionalmente, no se vayan a quedar por siempre allí.
Por tal motivo la región, un minuto después de que el paso vehicular se reabra por El Tarrita, debe pedirles al Ministerio del Transporte, al Instituto Nacional de Vías y a la Agencia Nacional de Infraestructura, la consolidación de un gran proyecto de renovación de la carretera Cúcuta-Ocaña, que tenga como modelo la doble calzada Cúcuta-Pamplona, por ejemplo.
Es el momento preciso para ello. El departamento requiere que se le dote de una fluida movilidad tanto de pasajeros como de carga que sirva para impulsar la economía y ayude a crear empleo, porque así mejorará en competitividad y tendrá más opciones para mejorar su presencia en los mercados internacionales.
El Tarrita, entonces, es necesario que se convierta en la bandera para que una nueva megaobra vial en alianza con el proyecto del tren del Catatumbo, le permitan a Norte de Santander vigorizarse desde ese importante aspecto para una fluida conectividad.