Los palmicultores del Catatumbo entraron ahora en la larga lista de las víctimas del conflicto armado y de hostilidades contra la población civil por parte de los grupos armados ilegales en Norte de Santander.

Fedepalma se solidarizó con esta delicada situación que pone en riesgo un total de 15.000 empleos directos e indirectos que genera este sector productor en el departamento, a raíz de las extorsiones al que se encuentra sometido.

Imaginemos por un momento que todos estos empleados representen 10.000 familias en la región que pudieran llegar a quedarse sin una fuente segura de ingresos económicos como consecuencia directa del delito de la extorsión que está desatado en el departamento.

Ese solo hecho, que ni es de poca monta y sí un muy grave marcador de las incidencias que las violaciones al cese del fuego tienen en la vida diaria de los nortesantandereanos, debería motivar al gobierno y sus representantes en las mesas de diálogo a reclamarles fuertemente a esas organizaciones y ponerles condiciones estrictas.

El dedo acusador apunta hacia la guerrilla del Eln y la disidencia del Estado Mayor de las Farc, que en esta región del país se encuentran dentro del proceso de ‘Paz Total’, como las responsables de la crisis desatada en ese sector económico que ha florecido en el Catatumbo.

Es urgente que la comunidad internacional desde sus diferentes instancias se pronunciaran puesto que nuestro departamento es ahora un territorio para demostrar como el recrudecimiento de las hostilidades sí tiene un severo e inmediato impacto negativo, que en nuestro caso se representa con la suspensión temporal de operaciones de la planta extractora localizada en Tibú.

Es urgente que el Gobierno Nacional por intermedio del alto comisionado de Paz y sus voceros en ambas delegaciones negociadoras les haga ver al Eln y a la disidencia de las Farc que ejercer esta clase de presiones contra el empresariado y los agricultores, aparte de las acciones de control social y territorial en diversos territorios puede llevar a romper el diálogo para ser sometidos por las fuerzas del orden.

Seguir dando muestras de debilidad finalmente termina golpeando a la ciudadanía y minando aún más la credibilidad de este proceso entre la opinión, al seguirse consolidando la percepción de que en últimas la Fuerza Pública queda maniatada mientras la guerrilla y los disidentes siguen fortaleciéndose y violando la ley.

Nos unimos al llamado de los palmicultores en su clamor a un cese de la violencia.

El reclamo a los violentos es que dejen trabajar. Que permitan la construcción del desarrollo del departamento. Que entiendan que el fragor de la guerra debe cesar porque ese no es el camino. Ni el Catatumbo ni Cúcuta ni el departamento merecen estar bajo el asecho y el acoso incesante de las guerrillas y de las bandas criminales.

Hay que decir ¡basta ya! La paz sí es el camino, pero con eficiente aplicación de la justicia, la suficiente reparación y toda verdad. Buscar la paz no puede seguir convirtiéndose en un camino hacia la vigorización de las organizaciones armadas ilegales ni al fortalecimiento de las economías ilegales.

Por el contrario, junto a ella hay que proceder a desmontar todos esos negocios ilícitos como el narcotráfico y el lavado de activos y procurar ponerle punto final a la extorsión y el secuestro, delitos que tanto daño hacen en nuestra sociedad.

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