El interés de unos y otros es el mismo: tener de manera permanente vía entre Venezuela y Colombia para sus actividades ilegales. Es un interés de carácter vital, más para unos, necesitados de recursos, que para otros, que tienen muchas formas de financiar sus actividades.

Cuando la situación apremia, se puede dejar de lado todo lo que sea necesario, abandonar, incluidos los principios ideológicos, y entrar en contradicción profunda con el ideario que ha mantenido viva una organización. El ELN, por ejemplo.

Los organismos de seguridad consideran que un asalto como el ejecutado por desconocidos el sábado en la mañana en Banco de Arena, un corregimiento cucuteño a un poco más de 50 kilómetros, durante el cual mataron a tres policías e hirieron a otro, fue una acción que requiere de preparación militar.

Un asalto con francotiradores emboscados que sostuvieron el fuego durante largo rato y al parecer huyeron sin bajas, no es cuestión que se ejecute sin tener la suficiente experiencia de combate y los recursos adecuados para golpear a irse sin consecuencias.

Esta apreciación puede significar que hay —o al menos para tal acción hubo— una alianza entre una organización que puede tener los recursos para el combate en las circunstancias en que se dio, con el apoyo de otra que conoce el territorio y, en la práctica, lo domina.

La experiencia de combate y la técnica militar serían del ELN, y el apoyo, de uno o varios grupos conocedores de la zona, para el caso valgan el Clan Úsuga o Los Rastrojos, siniestras organizaciones criminales necesitadas de que en la zona de la frontera donde fue la emboscada no haya ni presencia ni controles militares.

Al parecer, el sector, y en especial la carretera donde ocurrió la emboscada, que es circular y cruza la frontera con Venezuela, es importante para el tráfico de mercancías de contrabando, principalmente de combustible ilegal, y ruta para el tráfico de cocaína originado en Colombia.

El contrabando y las drogas son de interés tanto de grupos subversivos como de organizaciones criminales que, sin la vía expedida o sin mayores obstáculos para sus actividades ilegales, tendrían dificultades para financiarse.

Según campesinos de la zona, las tareas de control y vigilancia por parte de las autoridades colombianas habrían bajado en actividad en los últimos tiempos, en parte quizás debido a que las Farc, principal agente armado ilegal en la zona está al margen de muchas de sus actividades delictivas.

Más allá de los intereses ilegales de los responsables del atentado, se pone de presente la necesidad de llegar a un acuerdo de paz con organizaciones armadas que, como el ELN, lo han sugerido, aunque no han concretado los pasos necesarios para que el gobierno se siente a discutir los términos.

No sería un buen resultado de las gestiones de paz el hecho de que un sector de la subversión permanezca alzado en armas, generando problemas dolorosos como el generado por la emboscada de Banco de Arena, y continuando con la guerra a la cual el país entero está dedicado a encontrarle solución definitiva y permanente.

Esta es una buena oportunidad para hacer un llamado, tanto al gobierno, como al ELN, para que, de una vez por todas, comiencen a buscar el objetivo por el que todos los colombianos han apostado su futuro: el fin de la guerra y la superación de todas las causas que le dieron origen.

Nadie puede quedar por fuera del compromiso nacional, y menos cuando tanto de parte del Estado como de la guerrilla del ELN se han dado señales de disposición a comenzar a hablar en un nuevo lenguaje. Es la hora. No se la puede dejar pasar.