En Colombia hay más de 26.000 mujeres dedicadas a la labor de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, pero el país todavía no tiene una base consolidada que les permita acceder a los derechos que les reconoce la ley.

La anterior afirmación es de la Defensoría del Pueblo que maneja el dato de que el año pasado el 64 % de quienes estuvieron desarrollando esa clase de actividades  precisamente fueron mujeres.

Bien sabemos en Norte de Santander lo que esto significa, precisamente por la dolorosa herida humanitaria que tiene abierta a raiz de un conflicto armado de tendencia al escalamiento que ha dejado por lo menos 5.524 personas desaparecidas.

La Defensoría del Pueblo valora y acompaña a estas mujeres y a organizaciones como Madres por la Vida, Madres del Catatumbo, Madres de Cartago, entre otras, y les hará seguimiento a las entidades responsables para que la Ley 2364 de 2024 se cumpla en los plazos previstos.

A julio del 2026, la Defensoría del Pueblo había tomado 14.860 declaraciones de víctimas del conflicto armado, 309 de ellas por desaparición forzada. Las mujeres declararon por este hecho casi tres veces más que los hombres: 182 frente a 62. Arauca (28), Magdalena Medio (24) y Santander (22) concentran el mayor número.

Además, los datos oficiales indican que en Norte de Santander unas 1.790 personas, cuyo rastro se perdió en medio de la guerra entre los diferentes grupos armados ilegales, y son buscadas por sus familiares, con el fin de lograr cerrar el duelo.

Y en concordancia con la referencia de la Defensoría, alrededor de 1.000, es decir,  56% son mujeres que adelantan esta labor desde distintos municipios, incluidos territorios afectados por la violencia, como el Catatumbo.

En ese sentido recordemos por ejemplo la aguerrida misión que emprendieron las madres de Soacha cuando varios de sus hijos fueron muertos en medio de los falsos positivos y a quienes finalmente localizaron en fosas comunes en territorio nortesantandereana.

Ese es uno de los ejemplos de esa búsqueda incesante de seres queridos que cayeron víctimas de una violencia que no quiere desactivarse sino que -por el contrario- cada vez más adquiere mayores niveles de intensificación.

Y aunque el peligro persista o se encuentren con barreras, las mujeres no cesan en su intento de localizar a sus hijos, esposos, hermanos, para lo cual siguen todas las pistas que tengan a disposición, con el fin de alcanzar esa meta, como constructoras de paz. 

Sobre ese particular, Sonia Rodríguez, coordinadora territorial de la UBPD, considera que  “tenemos la absoluta claridad de que solas no podemos”, hecho que se fundamenta en lo siguiente.

Con corte al pasado 30 de septiembre, en el país había 212.839 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas por desaparición forzada en el desarrollo del conflicto armado, y quienes las buscan son, en su mayoría, mujeres. 

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en el país hay 26.150 buscadoras. El 59% son madres; el 14%, esposas; el 13%, hermanas; el 4%, hijas, y el 10%, otros. 

El año pasado, de las 18.757 personas que participaron en acciones de búsqueda, 11.911 fueron mujeres; es decir, el 64%. Igualmente, representan el 62,32% de los participantes en los escenarios de consulta ciudadana para la política pública integral del Sistema Nacional de Búsqueda.

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