Se entiende por espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes.

Lo dice la ley 9 de 1989, que define como bienes de uso público los inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, fuentes y caminos y en general todos los inmuebles públicos destinados al uso o disfrute colectivo.

La principal característica del concepto de espacio público es la de que pertenece a todos los habitantes del país.

A todos, no solo a unos pocos que se creen con derecho de propiedad de lo que es de todos, y a hacer negocio con el espacio público, llámense vendedores ambulantes o estacionarios, pimpineros, cuidadores de carros, responsables de zonas amarillas o del color que quieran, mecánicos callejeros, restauranteros, vendedores de licores…

Al ser de todos, el espacio público es inalienable, es decir, no se puede enajenar a nadie; es inembargable, o sea que nadie puede retener o secuestrar; es imprescriptible, ya que nadie puede alegar propiedad por el solo hecho de vivir largo tiempo en un lugar público; y es intransferible, pues sobre él no hay derechos que se puedan transmitir de una persona a otra, ni de un funcionario a nadie, sin el lleno de requisitos legales.

Estas nociones son muy claras, y se pueden reducir a un concepto que cualquier persona entiende: en Colombia, el espacio público es de todos los colombianos.

Pero, pese a la sencillez de la idea, ha sido prácticamente imposible que algunos cucuteños la acepten, principalmente por dos razones: porque es el espacio público la fuente de grandes ingresos económicos, a través de explotar a otros, y porque ante este asunto, las autoridades desde hace varios lustros se han comportado de manera errática, dubitativa, timorata y llena de equívocos y contradicciones monumentales.

Lo único que ha logrado esa actitud es alentar la convicción de los invasores del espacio público de que el gobierno municipal les garantiza que podrán continuar en las calles, como hasta ahora, e incluso en condiciones de cierta legalidad y de tolerancia.

Nada más lejos de las posibilidades que una reciente propuesta de la Asociación Sindical de Vendedores Ambulantes de Cúcuta (Asovicut), para que la alcaldía asigne espacios de 1,2 metros cuadrados para cada vendedor —hasta 40 por cuadra—.

La única respuesta adecuada a esa idea descabellada la dio la propia secretaria de Gobierno, Adelaida Ontiveros, para quien, basada en la lógica, las leyes, la cultura y la costumbre, “el espacio público no es negociable”.

Y de nada le valdrá a Asovicut tampoco citar eventuales avales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a su plan, pues nadie está violando el derecho de nadie a trabajar en lo que le plazca. Lo que se está defendiendo es la calidad de públicas que tienen las calles y otros espacios urbanos, que los vendedores desconocen de plano.

En diversas oportunidades, a los vendedores les han ofrecido espacios en varios centros comerciales, para que establezcan allí sus negocios, pero no han aceptado. ¿Por qué? Porque detrás de los vendedores hay muy poderosos comerciantes, formales y no formales, que tienen grupos de vendedores comercializando productos muchas veces de contrabando.

En esas condiciones, en las que alguien gana millonadas con solo presionar para que les permitan a sus vendedores adueñarse de la calle y vender, todos los cucuteños tendríamos igual derecho, ¿por qué no?

La ley que se debe aplicar es la que al parecer motiva a Ontiveros: o todos en la cama o todos en el suelo. Pero todos.