Cursaba séptimo grado. Podía ser nuestra hija o la del vecino. O nuestra sobrina. O la nieta o tal vez la prima. La guerra, el conflicto armado o como lo quieran llamar le arrebató violentamente la vida a la niña Mónica Beltrán.

Tenía trece años. Estaba en plena adolescencia. El aula, los libros, las matemáticas, el español, los juegos, la dedicación al estudio para pasar a nuevo curso de bachillerato con la esperanza futura de ir a la universidad, fue un mundo que las balas apagaron. 

Era la quinta de siete hermanos. El reclutamiento forzado destruyó a la familia de Mónica, quien padeció en carne propia  varias de las atrocidades que  van enlazadas a este crimen, tales como el secuestro, el cercenarle la oportunidad de seguir adelante con su proyecto educativo, el ser obligada a convertirse, bajo intimidación, en integrante de la disidencia de las Farc, y ser asesinada cuando intentó recobrar su libertad, de acuerdo con las versiones que se manejan sobre este caso.

Tibú fue el escenario de esta tragedia representativa de los niños, niñas y adolescentes que caen en las redes de quienes les quitan el lápiz, los tenis y el cuaderno,  ordenándoles que los cambien por el fusil, las botas militares y la instrucción para ser usados en la guerra.

Lo peor es que todo es que los reclutadores continuarán perpetrando nuevos crímenes de esa naturaleza, en una dolorosa repetición de  la historia de Mónica en otros menores de edad que, como ella, serán instrumentalizados por estos grupos ilegales.

¿Quién los salvará de esa temible cacería  desatada por esas estructuras violentas? ¿Cuántas Mónica deben ser raptadas, obligadas a convertirse en combatientes o auxiliadoras y luego ser asesinadas a sangre fría por buscar su libertad y no estar de acuerdo con la lucha armada en la cual la población civil lleva la peor parte?

La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, en una comunicación, utilizó las palabras perfectas para describir esta trágica situación guerrerista que se ha cernido sobre esta subregión nortesantandereana.

“Nos duele y nos indigna sentir que nuestros llamados siguen sin ser escuchados. Hemos pedido al Gobierno nacional que mire hacia nuestros territorios y que adopte medidas reales para proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nos duele profundamente que nuestros niños sigan saliendo de sus casas sin saber si van a regresar. Nos duele que una madre tenga que despedir a un hijo cuando apenas comenzaba a vivir”.

Lo ocurrido trae recuerdos como el del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien en una oportunidad observó que este delito tiene una frecuencia de ocurrencia muy alarmante, con la frecuencia de un menor de edad reclutado cada veinte horas.

El sentimiento de indefensión en que se encuentran los niños y niñas ante el accionar del Ejército de Liberación Nacional Eln, la disidencia de las Farc y el Clan del Golfo que en una criminal deshumanización los ha transformado en ‘materia prima’ para el fortalecimiento de sus filas de combatientes.

¡Ni un niño ni una niña más en una guerra que no es de ellos!

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