La política internacional es totalmente predecible: no funciona sin sorpresas y sin sobresaltos. Lo difícil es saber por dónde viene la sorpresa que, en casos como Estados Unidos, obedecen más a los beneficios que obtenga ese país que a la lógica.

Sería lógico, por ejemplo, que a Colombia, su principal y más antiguo aliado en esta región del mundo, Washington le diera un tratamiento benévolo, de amigos, de socios incondicionales que se ayudan, como el que le otorgó a Cuba —su nuevo amigo y socio— en el asunto del tráfico de personas, país al que excluyó de la lista negra en que siempre lo tuvo.

El Departamento de Estado nos rajó —a todos los colombianos, porque todos somos responsables del fenómeno, no solo el gobierno— al señalar que en este país no se cumplen los estándares para la eliminación de la trata y el tráfico de personas a las que, en ese sucio negocio, se les considera solo como una mercancía que será destinada a la prostitución, a la delincuencia forzada o al trabajo esclavo.

Según el secretario de Estado, John Kerry, el gobierno de Washington admite de Colombia los “significativos esfuerzos” para luchar contra diversas modalidades del delito, pero todavía “no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación”.

El informe debería avergonzarnos: “las organizaciones criminales obligan a colombianos vulnerables, incluidos desplazados, a la prostitución y a actividades criminales, particularmente la venta y transporte de narcóticos, incluso asesinatos. Mujeres y hombres colombianos son explotados en labores forzadas en el campo en diferentes países de América Latina. De modo más esporádico, víctimas extranjeras son objeto de tráfico para actividades sexuales y labores forzadas. Colombia es un destino de turismo sexual con menores, especialmente de Norteamérica y Europa”.

El informe incluye también la explotación de niño como vendedores callejeros y trabajadores forzados tanto en la ciudad como en el campo.

Pero, en el fondo, la principal queja se refiere a la pobreza de los resultados judiciales, a pesar de que se han aumentado las penas y se han adelantado decenas de operaciones con autoridades de otros países, y se refiere a la falta de fiscales, la enorme carga laboral de los encargados de investigar y la falta de especialización en el delito que se combate juegan a favor de los que comercian con seres humanos.

Por ahora, Colombia seguirá en el mundo en la lista negra de naciones donde se trafica con personas para los fines más ruines, especialmente porque la Justicia es inoperante en la mayor parte de los casos.

Una de las razones parece ser la falta de claridad de los jueces para entender que la trata de personas es un delito autónomo, y que la prostitución que por razón de esa trata se genera, es solo una consecuencia de una falta más grave, como lo reconoce Sandra Devia, directora de Gobierno y Gestión Territorial del ministerio del Interior. “Si no judicializamos esto (la trata de personas) no vamos a pasar del discurso y del fetiche de la noticia de turno”.

La trata (para la prostitución y otros fines) y el tráfico de personas, son hoy una de las industrias ilegales más poderosas, y quizás de las más infames, pues se aprovecha de la necesidad de la gente para generar grandes ganancias obligando a las víctimas a prostituirse, a trabajar como esclavas o a desempeñar actividades delictivas.

Y que Colombia figure entre los países que no ha podido o no ha querido enfrentar de manera más drástica estas prácticas es un baldón en la conciencia de cada colombiano, porque de delitos como estos, todos somos responsables.