Así es muy difícil pensar siquiera en salir del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, porque nos acostamos sacudidos con el asesinato de un dirigente político y nos levantamos estremecidos por el atentado con explosivos contra la Dian.

Y mientras se están agotando los adjetivos para calificar la calamitosa situación de orden público que registra Cúcuta, el yugo del crimen organizado, las bandas y los grupos armados aumenta su violenta presión.

La ciudad colombiana más importante en la frontera con Venezuela no puede seguir condenada a cargar con el espiral de una inseguridad ciudadana que desde tiempo atrás se ha venido multiplicando hasta desbordarse.

Incontrolable es uno de los términos para caracterizar las condiciones de una ciudad donde en lo corrido del año han ocurrido asesinatos de víctimas de toda índole, lo cual muestra la extensión, también, de la violencia hacia el área metropolitana, con 38 en Villa del Rosario y 16 en Los Patios.

Y al evaluar las estadísticas sobre los homicidios elaboradas por Medicina Legal, correspondientes al periodo enero-agosto del presente año, las mismas reconfirman una tendencia creciente y que requiere ser contenida de manera urgente mediante la adopción de planes concretos.

Resulta que ahí se señala que en ocho meses la capital de Norte de Santander registra 195 asesinatos y, en el mismo lapso, Medellín acumula 191, esta última con una población de 2.5 millones de habitantes.

Ahí también sobresale un hecho irrefutable de que la vida corre un altísimo riesgo en nuestras calles, porque en un listado de 25 ciudades capitales, Cúcuta ocupa el segundo lugar en Colombia, después de Cali, que tiene 781 casos, y superando a Pereira con un registro de 113.

Es de tal profundidad el problema de inseguridad que la misma sobrepasó el calendario para dejar su mancha de sangre sobre la campaña electoral de 2027, con el asesinato del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, quien había expresado que aspiraría a la Alcaldía de Cúcuta.

Los habitantes esperan menos diagnósticos y más acción. Menos silencio y más operatividad para desbaratar las estructuras criminales que han montado sus redes en la región, desde las que permean, amenazan, establecen controles y dominan las rentas ilegales.

Frente a esas poderosas organizaciones que tienen en el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal del oro sus bases de financiamiento, el Estado necesita hacer más poderosa la inteligencia militar y policial, para afinar la capacidad de anticipación para frustrar atentados y crímenes.

El testaferrato es el otro foco de acción hacia el cual, en el área metropolitana de Cúcuta, las autoridades policiacas y judiciales es urgente que dirijan su accionar sin cuartel, porque ese lavado de activos y de dineros ilegales constituye, igualmente, otro brazo financiero del crimen organizado.

En Cúcuta es urgente el control territorial por parte del Estado. La zozobra, el miedo y la incertidumbre ciudadana ante la violencia que recorre todos los rincones no son una percepción ni una cuestión virtual, sino una verdad de a puño que simboliza nuestra grave crisis.

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