El sitio a la Corte Suprema de Justicia por parte de manifestantes que le reclamaban al máximo tribunal no dilatar la elección de nuevo fiscal general, son de aquellos hechos que uno sabe como empiezan pero que pueden llegar a tener desenlaces insospechados.
¿Qué tal que esto se hubiera salido de las manos? Esta pregunta ni siquiera la deberíamos estar haciendo, porque la interrelación entre las ramas Judicial, Ejecutiva y Legislativa, la solución de los disensos y el planteamiento de las observaciones a ejecutorias o decisiones tiene sus caminos constitucionales y legales dentro de la debida separación de poderes.
Hacerlo de otra manera constituye la peligrosa apertura de la caja de pandora dictatorial que nada bien le hace a una Colombia que en estos instantes requiere de un manejo alejado de la confrontación.
Ese agitado 8 de febrero de 2024 se vivió con unas calles en donde los seguidores del presidente Gustavo Petro cuestionaban a la justicia por no elegir fiscal de la terna enviada por el Gobierno Nacional, mientras las redes sociales estaban encendidas con fuertes comentarios, incitaciones, señalamientos y una tensión en el ambiente que se iba caldeando cada vez más.
Lo vivido en el Palacio de Justicia, a pocas cuadras de la Casa de Nariño, tiene que llevar a la reflexión nacional, porque esta clase de operaciones de “bloqueo violento e ilegal”, como las llamó la Corte Suprema, no pueden llegar a convertirse en formas de común ocurrencia para ejercer presión.
¿Qué tal que participantes de las marchas alentadas por Petro hubiesen ingresado a las instalaciones de la Corte y cometido desmanes contra los magistrados y empleados de la institución?
Ese interrogante queda ahí para los organizadores y participantes en las protestas, a quienes además les corresponde tener presente la historia y recordar lo ocurrido en noviembre de 1985, con el Holocausto del Palacio de Justicia.
A la justicia colombiana le ha correspondido una alta cuota de sangre y de mártires producto de la guerra contra el narcotráfico y el conflicto armado, que confirman su compromiso con el país, por lo cual sitiar a los jueces es también una opción antidemocrática.
Entonces, como al presidente se le nota preocupado porque no han elegido fiscal, debería barajar opciones actuando como estadista, es decir, distendiendo el ambiente con los otros dos poderes y llegar a prever hasta la posibilidad de modificar la terna de candidatas.
Sin embargo, y aquí viene el problema, es que el jefe de Estado para este caso en particular, debería alejarse de su cuenta en X, y optar por la privacidad o las declaraciones por los canales oficiales con los que cuenta la Presidencia de la República.
Estar ventilando muchos de los asuntos por las redes sociales no siempre trae los resultados esperados y, como en el caso de la marcha contra la justicia, puede llegar a correrse el riesgo de que todo se salga de control.
Frente a la inquietud del pueblo colombiano sobre las consecuencias que están generando esos fuertes roces entre los pilares institucionales, nada mejor también que se dé una muestra de la fortaleza de los tres poderes, su respeto mutuo y la valoración de que la ciudadanía está siempre en el centro de las decisiones que se tomen, por controversiales que sean.