No solo uno, sino tres botones sirven de muestra de la situación de abandono y de desastre en el que tienen a la educación oficial municipal,  y con mayor razón estos días de agitación partidista y de actividad prelectoral.

El mismo día se conoció que a la escuela 44 de El Salado le robaron hasta las puertas, que 47 niños del Instituto Técnico Nacional de Comercio se salvaron de morir cuando les cayó encima completo el techo del aula, y que otros 109, de los más chicos, debieron huir, pupitre al hombro, porque detrás del muro de su escuela a la Policía le dio por construir garitas y trincheras para repeler eventuales ataques guerrilleros.

En el caso de El Salado, el descuido lleva años. Hoy, en la explanada donde fue la estación del tren, la maleza devora, a paso lento, lo que queda de la escuela que allí funcionó, porque el resto, es decir, tejas, puertas, ventanas, baños y hasta pisos, los ladrones se los llevaron hace rato, sin que la Alcaldía se diera siquiera por enterada.

La escuela saqueada está en uno de los sectores marginales más necesitados de cupos escolares tanto para los niños como para los adultos, pero estas razones fueron insuficientes para generarle a la alcaldía alguna inquietud en torno de al menos tener cuidado con las propiedades del Estado.

Sorprende es que aún no hayan invadido el lote y las ruinas, en una ciudad en la que invadir lo ajeno, con el beneplácito de algunas autoridades, parece un deporte de práctica generalizada.

En un caso de buena suerte, 47 estudiantes de un curso del Instituto Técnico Nacional de Comercio solo sufrieron algunas laceraciones y contusiones leves, cuando el techo de aglomerado les cayó encima en plena clase.

¿Por qué se cae un techo? Por muchas razones, pero en el fondo se posible ver siempre la falta de diligencia de las autoridades municipales para revisar el estado de las escuelas, y de otras obras públicas con frecuencia contratadas y construidas en medio del rumor no suficientemente desvirtuado de actos plagados de corrupción.

Cuando los contratos se otorgan a determinadas firmas que permiten que todo el proceso licitatorio, cuando lo hay, esté viciado; cuando las interventorías son aún más corruptas que los contratistas y sus contratantes, cuando por cada peso pagado hay que pagar un determinado porcentaje de beneficio personal para alguien, techos de escuelas, muros, puentes, carreteras, en fin, obras públicas de todo género, en vez de ser soluciones son problemas graves. Y esta situación es cada vez más frecuente.

Lo que no es frecuente es que niños de pocos años tengan que echar el pupitre al hombro y salir, como de huidas, en busca de un lugar donde poder estudiar sin el temor de que las balas o las esquirlas de un cilindro de gas convertido en bomba les arrebate la vida.

Así ocurrió en la escuela La Floresta, entre Cúcuta y Puerto Santander, porque el martes, al regresar de vacaciones, los niños encontraron que la Policía, vecina pared con pared, había construido barricadas y protecciones contra un eventual ataque.

Comprensible, lo que hicieron papás y maestros al llevarse lejos a los niños. Pero no se entiende por qué, pese a la prohibición legal rotunda de que una estación policial esté cerca de una escuela, nadie, ni la Policía ni los responsables de la educación, hayan solucionado un problema que llevaba casi 20 años.

Si no es porque construyen las trincheras, aún estarían allí los niños, a riesgo de cualquier atentado contra la Policía. Como lo están muchos vecinos en muchos lugares del país, debido a la desobediencia de una rama del Estado a otra.