Todo empezó cuando el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, expresó el propósito de tener un grupo de alféreces en la Secretaría de Tránsito Municipal para el control de la movilidad en la ciudad. Sin embargo, en el camino se le atravesó el oscuro episodio de corrupción en un municipio vecino, que le hizo reversar su idea.
Ahora que anunció la reanudación, a partir de marzo, del convenio de tránsito con la Policía Nacional, el gobernante local aclaró que por la mala imagen que tienen los fiscales de Villa del Rosario se abstuvo de crear un cuerpo similar para Cúcuta.
Pero como la inquietud lo sigue agobiando, lanzó la opción de someter al polígrafo a algunos de los miembros que integren la Policía de Tránsito, para prevenir y descubrir actuaciones por fuera de la ley durante los operativos.
Frente a esto, la capital de Norte de Santander debería convocar a un debate sobre la urgencia de organizar y activar un plan local de lucha contra la corrupción, que tenga dientes y genere resultados.
La moralidad pública hay que rescatarla como faro de la gestión en todos los campos de la actividad, puesto que aparte de ocasionar eso en que tanto insistió Acevedo, como es el deterioro de la imagen, resulta siendo un mal de múltiple impacto.
Ese flagelo afecta la competitividad, disminuye los recursos del Estado, desincentiva la inversión pública y privada, golpea el emprendimiento y ha convertido la contratación en uno de sus más importantes nidos para apoderarse de los recursos.
Al igual que aquellos bloques de búsqueda que se organizaron en el pasado para desvertebrar poderosas organizaciones mafiosas, así debería idearse y conformarse uno para que en Norte de Santander se golpeé a quienes obtienen jugosas ganancias personales a costa de los sobornos o del dinero de los contribuyentes.
Ahí deben de estar la Fiscalía, la Sijín, el CTI, la Procuraduría, la Contraloría, las personerías y los jueces de la república con el fin de que esta clase de hechos tengan prelación y las denuncias que den a conocer las redes de veedurías, los medios de comunicación y la ciudadanía no se queden durmiendo el sueño de los justos, arrojando resultados lo más pronto posible.
No será descartable someter al polígrafo, pero no solamente a los miembros de la Policía de Tránsito, sino también a secretarios y funcionarios de las administraciones municipales y departamental cuando las circunstancias lo ameriten, puesto que la intolerancia contra la corrupción debe de ser cero, pero obviamente sin incurrir en extralimitaciones y todo dentro de las reglas jurídicas que norman esta clase de procedimientos.
Esta clase de deliberaciones son buenas, como lo reseñó el resultado de un sondeo hecho en la página web de La Opinión en que la consideración ciudadana es de apoyo.
En un país como Colombia, que según Transparencia Internacional se situó el año pasado en el puesto 87 del Índice de Percepción de Corrupción, y que no ha avanzado en la lucha para contenerla, es urgente que empiecen a moverse opciones para contrarrestarla.
En ese aspecto, hay varias metas que se deben trazar: Cuidar el erario, que siempre resulta teniendo escasez de recursos para atender tantas necesidades. Que la contratación estatal cumpla con la transparencia, eficiencia, eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Que haya cero impunidad contra la impunidad y un control estricto al ejercicio de la función pública.
Los cucuteños deben tener presente que así como la inseguridad agobia, la corrupción igualmente tiene que empezar a desbaratarse, porque sus tentáculos son tan fuertes que todo lo corrompen.
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