Son muchos miles, y todos podrían salir a la calle antes de 20 días. Entre ellos hay de personas de todas las condiciones jurídicas: desde sospechosos de falsificar un cheque hasta criminales redomados, pasando por ladrones de celulares o automóviles.

Claro, también hay inocentes, arrestados por delitos que no cometieron, pero a quienes la Justicia tiene en las cárceles solo por el prurito de tenerlos lejos de la calle.

El asunto es que si en 20 días el Congreso no aprueba una norma que frene la excarcelación de reclusos en detención preventiva, todos esos miles quedarán libres de manera automática, con base en una ley que ya ni siquiera existe.

La Fiscalía General de la Nación está preocupada, y con razón, pues el proyecto de ley que estudia el Congreso para modificar los términos de detención preventiva no se materializa, por lo menos 30 por ciento de los presos con medida de aseguramiento irá a la calle sin dilaciones.

En caso de que el Congreso no apruebe el proyecto, quedará en vigencia el fallo de la Corte Constitucional de junio de 2014 en el que dio al Legislativo plazo de un año para reglamentar miles de solicitudes de libertad por vencimiento de términos.

Ese fallo determina que entre la presentación del escrito de acusación ante un juez penal y el inicio del juicio no pueden pasar más de 120 días.

Si el límite se supera, los detenidos a los que no se les haya iniciado el juicio tienen derecho a recuperar su libertad, porque se les habrían vencido los términos para ser acusados.

Y en esa situación, por demora del Congreso, ocupado en cuestiones de proselitismo y campañas políticas, miles de presos quedarían libres, entre ellos más de 7 mil, que llevan hasta cinco años privados de la libertad sin recibir condena. Otras 500, llevan más de cinco años en la misma situación.

Si esos reclusos salen en libertad, se estaría condenando a la sociedad a una situación de emergencia generada, en muchos casos, por falta de diligencia de jueces y fiscales, por carencia de recursos de la Justicia e, incluso, por errores de la Policía.

En caso de que salieran esos miles de reclusos, no sería de manera gradual, sino simultánea, pues no permitirles salir de las cárceles sería arrebatarles un derecho tan fundamental como el de la libertad.

Y, con los actuales niveles de inseguridad callejera, en las grandes ciudades, incluida Cúcuta, la situación se podría poner realmente muy difícil, con miles de casos que podrían quedar en la impunidad.

Pero, si el Congreso aprueba la reforma, la realidad carcelaria sufriría un duro golpe, pues las prisiones continuarían con los altos índices de hacinamiento y de crimen que registran.

En verdad, la eventual decisión del Congreso tiene tanto de largo como de ancho, pues por un lado habría serios problemas en las calles y entre la sociedad, y por el otro, se mantendría una situación aberrante que atenta contra principios de humanidad.

Quizás la fórmula pueda venir por la entrega de mayores recursos a la Justicia y a la Fiscalía, a fin de que puedan cumplir con sus obligaciones de una manera más rápida y eficaz, no como hasta ahora, con juzgados que demoran en convocar a las audiencias, porque los funcionarios están ocupados con decenas de casos más.