La Fiscalía General de la Nación ha presentado al Congreso un proyecto de ley para reformar el Código Penal Acusatorio que tiene alarmado a la mayoría de los colombianos, pues significaría  gabelas para los abusadores, violadores y asesinos de nuestros niños.

Según las denuncias hechas por instituciones gubernamentales y organizaciones que trabajan en la defensa y protección de la infancia, lo que se pretende con este proyecto es tumbar la restricción que no permite preacuerdos ni negociaciones con los salvajes agresores de los niños.

Contempla la desafortunada iniciativa de la Fiscalía,  que quienes sean judicializados por delitos sexuales contra los menores puedan recibir rebajas de pena a cambio de reconocer su responsabilidad y colaborar con la justicia, delatando a otros culpables de tan monstruosos crímenes.  

La Fiscalía ha dicho que el proyecto beneficia a los menores porque con la colaboración de los victimarios se podrían desarticular redes como las de prostitución infantil, como si esta no fuera una tarea que compete a todas las autoridades y a la sociedad en general. La colaboración efectiva tiene que ser es de los ciudadanos con sus denuncias oportunas y contundentes.  

Razón tiene la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, al rechazar este proyecto: “Es alarmante que esté cursando una propuesta en la que en vez de castigar a los criminales, se abra una puerta a la impunidad. Todos los días conocemos escandalosas cifras de vulneraciones a nuestros niños y, como Estado, no podemos permitir que estos violadores y asesinos queden sin castigo”.

La directora de Bienestar Familia le ha pedido el Congreso archivar el proyecto y afortunadamente sus directivas y muchos parlamentarios anunciaron su total oposición a la propuesta de la Fiscalía.

Como se dice con frecuencia, los derechos de los niños deben prevalecer sobre los de los demás y el Estado tiene la obligación de garantizarlos. A raíz de esta propuesta, se revive la de la cadena perpetua para los violadores de menores “para que a los responsables de esos hechos crueles e inhumanos, se les imponga el más severo de los castigos”.

Para la organización Alianza por la Niñez Colombiana, “cualquier vulneración de los derechos de los niños debe ser castigada con las máximas penas, como lo establece nuestra legislación”. Esta entidad ha recordado también que el artículo 192 de la Ley 1098 de 2006, señala que “en los procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas, el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Política”.

La propuesta de la Fiscalía es contraria al Código de Infancia y Adolescencia y a otras normas legales.

“Quien cometa delitos contra la niñez no podrá luego negociar con la justicia por ser un intolerable social. Es importante señalar que el numeral 8 de la misma ley (Ley 1098 de 2006), se refiere a la única posibilidad de recibir beneficios por colaboración efectiva con la justicia, la que en ningún caso incluye la confesión”, según la declaración promulgada por la Alianza por la Niñez Colombiana que ha rechazado también la propuesta de la Fiscalía.

Cabe recordar que cada día en Colombia tres menores de edad son víctimas de homicidio, 44 llegan a Medicina Legal por violencia sexual y 80 más por violencia intrafamiliar e interpersonal. El mismo Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses considera que tiene un subregistro del 70 por ciento.

En estas circunstancias a los violadores de los niños no se les puede dar ni ofrecer ningún tipo de gabelas. Lo que se impone es aumentar la protección y defensa de nuestros niños, estar siempre a su lado en su educación, formación y desarrollo para que mañana sean los buenos ciudadanos colombianos que tanto necesitamos.